FEMA advierte a ONG en Texas y Arizona por posibles delitos en apoyo a migrantes
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Nicol Matuz ScottEn marzo de 2025, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) envió una carta a varias organizaciones no gubernamentales que operan albergues en Texas y Arizona. La misiva, dirigida a instituciones como Catholic Charities Diocese of Laredo, The Holding Institute Community y Annunciation House, expresaba "preocupaciones significativas" sobre posibles violaciones a la ley al brindar ayuda a migrantes.
La FEMA insinuaba que estas organizaciones podrían haber cometido delitos graves al ayudar en el traslado de personas dentro del país. Esta acusación, según Rebecca Solloa, directora ejecutiva de Catholic Charities, generó un clima de miedo: "Fue bastante aterrador. No voy a mentir".
A pesar de la advertencia de la FEMA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuó enviando a personas a estos mismos albergues. Catholic Charities, por ejemplo, recibió entre ocho y diez personas diariamente del ICE hasta que las pérdidas financieras obligaron al cierre de su refugio el 25 de abril. Otras organizaciones como The Holding Institute, que recibe familias de centros de detención familiar en Dilley y Karnes City, Texas, describen la situación como "alarmante" pero necesaria.
Los migrantes alojados provenían de diversos países, incluyendo Rusia, Turquía, Irán, Iraq, Papúa Nueva Guinea, China, India, Pakistán, Honduras, Venezuela y varios países de Centro y Sudamérica. Se encontraban en situaciones variadas: algunos habían sido detenidos en el interior del país y liberados por un juez de inmigración; otros habían sido trasladados desde San Diego después de cruzar la frontera ilegalmente.
Michael Smith, director ejecutivo de The Holding Institute, resumió la disyuntiva: "Hay algunas cosas que simplemente son correctas". La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, marcó una diferencia con las liberaciones masivas bajo la administración Biden, destacando que en ese entonces se trabajaba en conjunto con los albergues para verificar patrocinadores y evitar liberar migrantes en lugares públicos.
La administración Trump, mientras tanto, se jactaba de haber terminado prácticamente con la práctica de liberar personas que cruzan la frontera ilegalmente con notificaciones para comparecer ante un tribunal de inmigración. Sin embargo, las cifras no incluyen las liberaciones realizadas por el ICE, cuya información no es pública.
La situación financiera de los albergues se agravó aún más tras la suspensión de pagos de la FEMA, que condicionó los fondos a una investigación exhaustiva y declaraciones juradas de los responsables de las organizaciones. Catholic Charities, por ejemplo, dejó de recibir los hasta 7 millones de dólares esperados, acumulando pérdidas cercanas al millón de dólares y teniendo que recortar personal y raciones. El International Rescue Committee, por su parte, declaró que continuará brindando apoyo en Phoenix.
El cierre de albergues y la reducción de servicios reflejan la tensión entre las políticas migratorias y la respuesta humanitaria en la frontera, dejando en evidencia la complejidad del problema y sus consecuencias directas en las organizaciones que atienden a los migrantes.
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