Activistas denuncian "campaña de terror" por operativos de ICE
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de la situación radica en los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que según activistas, están generando una creciente resistencia entre la comunidad inmigrante y sus aliados.
En Nashville, Tennessee, el apoyo a la comunidad inmigrante ha tomado una forma inesperada: familiares de inmigrantes estadounidenses están realizando patrullas ciudadanas. Arman con celulares para documentar los operativos, recordando a los detenidos sus derechos, como el de no firmar documentos sin asesoría legal, y reportando las coordenadas de las detenciones para alertar a otros.
Simultáneamente, en las cortes de San Antonio, Texas, activistas documentan detenciones que, según Carolina Canizales del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), forman parte de "una campaña de terror contra nuestras comunidades". Canizales denuncia arrestos de familias enteras a la salida de las cortes, incluso con menores de edad, sin verificación de su estatus migratorio y sin presentar órdenes judiciales. "¿Por qué están haciendo los arrestos en el lobby y no en la sala de la corte?", cuestiona Canizales, subrayando la vulnerabilidad de las familias una vez fuera de la jurisdicción del juez.
Dylan López, un joven venezolano de 20 años, ejemplifica las preocupaciones planteadas. Tras presentarse a una audiencia de inmigración en Nueva York y cumplir con todos los requerimientos legales, fue detenido por agentes de ICE sin orden judicial mientras bajaba en el ascensor. Su caso, destacado por la ACLU, evidencia la preocupación por la atención médica inadecuada en los centros de detención de ICE y las denuncias de prácticas posiblemente ilegales.
El abogado de López, Vic Walczak, señala que su cliente "ha hecho todo lo que se le ha pedido, no hay ninguna acusación de que represente un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública. Simplemente se reduce a la crueldad de esta administración". La situación de Dylan se complica aún más tras la reciente revocación de su estatus migratorio especial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha respondido que se está aplicando la ley y poniendo fin a la política de 'capturar y liberar', alegando que la "mayoría" de los inmigrantes que ingresaron a EE. UU. en los últimos dos años son sujetos de deportación expedita. Sin embargo, las denuncias de detenciones indiscriminadas, incluyendo madres con hijos menores e incluso adolescentes esposados, persisten.
En California, el conflicto se intensifica con redadas en lugares de trabajo en ciudades santuario, generando fuertes protestas y reportes de arrestos en condiciones precarias. La detención de líderes sindicales y el uso de la Guardia Nacional para controlar manifestaciones refuerzan la tensión en la región. El caso de una redada en un restaurante de San Diego, donde agentes enmascarados arrestaron trabajadores sin orden judicial, ilustra la problemática.
La situación en California escaló con una redada en una fábrica de ropa en Los Ángeles, dejando a 14 trabajadores – miembros de la misma comunidad – en una situación de incertidumbre para sus familiares, quienes los consideran "desaparecidos".
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