Corte Suprema valida ley de Tennessee contra tratamientos trans en jóvenes
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Nicol Matuz ScottEl foco de la controversia se centra en Tennessee y una ley, la SB1, que restringe el acceso a la atención médica de afirmación de género para menores transgénero. Esta norma, vigente desde 2023, prohíbe tratamientos como la terapia hormonal y bloqueadores de la pubertad, imponiendo sanciones a los médicos que la incumplan. La ley utiliza un lenguaje específico, prohibiendo el tratamiento si el propósito es permitir que "un menor se identifique o viva como una identidad supuesta inconsistente con el sexo del menor", o tratar "la supuesta incomodidad o angustia por una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada".
La Corte Suprema, en una decisión de 6-3, validó la ley de Tennessee. La opinión mayoritaria, redactada por el Juez John Roberts, argumenta que la "Cláusula de Protección Igualitaria no resuelve estas discrepancias" en torno a los debates científicos y políticos sobre la seguridad y eficacia de estos tratamientos.
La disidencia, expresada por la Justicia Sonia Sotomayor, fue contundente. En un gesto inusual, leyó su disidencia desde el estrado, lamentando que la corte "abandona a los niños transgénero y sus familias a los caprichos políticos" y critica la interpretación del fallo que considera un “daño irreparable a la Cláusula de Protección Igualitaria”. La jueza Sotomayor argumenta que la mayoría de la corte evita deliberadamente reconocer la clara discriminación basada en el sexo, argumentando que "la mayoría se niega a llamar a una pala una pala."
El caso llegó a la Corte Suprema tras un largo proceso legal, con tribunales federales inferiores emitiendo opiniones dispares. La Administración Biden inicialmente apoyó la impugnación de la ley, pero la posición cambió con la llegada del Presidente Trump. Este giro político, coincidente con una ola de leyes restrictivas para personas transgénero en varios estados, añade una capa de complejidad al debate.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de Tennessee. Aproximadamente la mitad de los estados del país tienen leyes similares, y la decisión de la Corte Suprema establece un precedente que podría influir en futuros litigios. El número de adolescentes afectados por estas restricciones alcanza los 110,000, según datos del Williams Institute de la UCLA School of Law. La cuestión central en el debate, sobre si la ley discrimina por sexo, fue resuelta en el sentido de que la ley se centra en la edad, no en el sexo, y prohíbe específicamente el uso de medicamentos para facilitar una transición de género.
El proceso incluyó argumentos por parte de la administración, destacando la discriminación implícita al permitir tratamientos hormonales para niñas con ciertas afecciones médicas, pero no para niños que buscan la misma atención para una transición de género. Tennessee, por su parte, defendió su derecho a regular los tratamientos médicos, argumentando un interés legítimo en "animar a los menores a valorar su sexo".
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