El “Alcatraz de los caimanes”: polémico centro de detención para migrantes en construcción en Miami
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Nicol Matuz ScottEn una zona pantanosa de los Everglades, Florida, a unos 70 kilómetros del centro de Miami, el gobierno estadounidense ha iniciado la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes indocumentados. Este proyecto, que implica la readaptación del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ha sido bautizado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, como el “Alcatraz de los caimanes”, en referencia a la famosa prisión federal de máxima seguridad. La ubicación remota, rodeada de pantanos y fauna salvaje como caimanes y pitones, forma parte de la estrategia para minimizar intentos de fuga, según las autoridades estatales.
La decisión de establecer este centro en un humedal subtropical con valor ecológico significativo ha generado críticas tanto por su impacto ambiental como por las condiciones en las que se mantendrán a los detenidos. Organizaciones ambientalistas y grupos de derechos humanos han señalado que la instalación podría provocar daños irreparables en los Everglades, declarado Reserva Internacional de la Biosfera por la UNESCO, y han cuestionado la ética de mantener personas en un entorno tan inhóspito. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha calificado el proyecto como “cruel y absurdo”, argumentando que la remoción forzada a zonas aisladas agrava problemas ya existentes de negligencia y maltrato en otros centros.
El centro, con capacidad para albergar a más de mil personas, es parte de una ofensiva migratoria impulsada bajo el gobierno del expresidente Donald Trump y apoyada por autoridades republicanas de Florida. La construcción se realiza bajo poderes de emergencia otorgados por el gobernador Ron DeSantis en 2023, con la intención de acelerar el proceso de detenciones y deportaciones. Aunque el aeropuerto donde se ubica pertenece al condado Miami-Dade, las autoridades locales han expresado preocupación por la falta de información oficial y los posibles daños ambientales y sociales asociados al proyecto.
Desde el punto de vista financiero, la iniciativa recibe fondos federales principalmente del Programa de Refugio y Servicios de FEMA, agencia encargada de la gestión de emergencias. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido el proyecto como una solución rentable e innovadora para la crisis migratoria. Mientras tanto, la comunidad local, incluyendo a pueblos indígenas como los Miccosukee, ha manifestado su rechazo y temor por las consecuencias a largo plazo del centro, que se prevé abrir en las próximas semanas en medio de un ambiente natural extremo y bajo estrictas medidas de seguridad.
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