El caso más reciente es el de Adam Boyd, un abogado de 33 años que renunció a su cargo en la Oficina Legal de ICE el mes pasado. "Tuve que tomar una decisión moral", confesó al medio The Atlantic, donde detalló su frustración ante el cambio de prioridades en la agencia. Lo que más le preocupó: la obsesión por cumplir cuotas de arrestos en lugar de enfocarse en perfiles criminales de alto impacto.
- Narcotraficantes
- Amenazas a la seguridad nacional
- Violadores de derechos humanos
Según Boyd, estos casos
quedan relegados ante la urgencia de alcanzar las
3,000 detenciones diarias exigidas por la administración Trump. La presión no viene solo de arriba: agentes entrevistados describen un ambiente laboral tenso, donde el miedo a represalias los obliga a hablar bajo anonimato.
"Nos vilipendian por todos lados", admitió uno de ellos.
La situación podría escalar pronto. Con la nueva inyección de $45,000 millones de dólares aprobada el 4 de julio, ICE planea:
- Contratar más personal
- Expandir centros de detención
- Intensificar operativos
Mientras tanto, el Departamento de
Seguridad Nacional reporta un
aumento del 800% en agresiones contra sus agentes. Ocurren principalmente durante
redadas en lugares insólitos: desde fábricas hasta los propios tribunales migratorios. Lo que comenzó como una política controvertida ahora se consolida como una
crisis institucional con ramificaciones imprevisibles.
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