Eran sobrevivientes de feminicidio, mujeres que, a pesar de haber escapado de la muerte, aún cargan con las cicatrices de la violencia y la impunidad. Su objetivo: exigir justicia y la aprobación de la Ley Oropéndola, una serie de reformas al Código Penal Federal que buscan tipificar de manera integral el delito de tentativa de feminicidio.
Esta ley, impulsada por la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, busca reconocer la gravedad de la tentativa de feminicidio y garantizar los derechos de las sobrevivientes. Actualmente, este delito se reduce a lesiones o violencia familiar, con penas leves que muchas veces no incluyen prisión preventiva.
"Es una serie de reformas en donde nosotras queremos que se penalice de una manera más fuerte la tentativa de feminicidio, que se cree el dicho de las sobrevivientes… La importancia es que queremos hacer conscientes a la ciudadanía de que las sobrevivientes estamos aquí y también contamos", explicó Grace Luna, sobreviviente de feminicidio en Veracruz.
La lucha de estas mujeres cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el sistema judicial mexicano sigue minimizando y desestimando la violencia de género. Yeritza Bautista, víctima de una tentativa de feminicidio en 2020, vivió en carne propia la crueldad de este sistema. Pese a que su agresor fue sentenciado en 2022, un juez revocó la sentencia y actualmente no hay un castigo firme contra él.
"Es un delito minimizado, invisibilizado y confundido con otro tipo de violencia, poniendo latente el riesgo en el que vivimos constantemente; creo imperante y necesario salir a las calles, para poder visibilizar el delito y poder visibilizar el riesgo en el que nos tiene el sistema hoy por hoy", lamentó Yeritza.
Las mujeres que marcharon este día son originarias de diferentes estados del país, incluyendo Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Chiapas. La Colectiva denuncia que solo en el uno por ciento de los casos de tentativa de feminicidio se ha accedido a la reparación del daño.
La movilización culminó en el Senado de la República, donde una comitiva entregó un oficio con las peticiones de la Ley Oropéndola. Las principales demandas son:
- Prisión preventiva oficiosa para todos los casos de tentativa de feminicidio. Es imperativo que los agresores sean encarcelados para evitar que pongan en riesgo la vida e integridad de las víctimas.
- Que el dicho de la víctima sobreviviente tenga peso legal como testimonio clave. Se debe evitar que se desmerite su testimonio y se le dé el mismo valor que a las pruebas presentadas por la parte acusadora.
- Una sentencia individual para el delito de tentativa de feminicidio, que considere las diferentes agravantes del delito. Se debe evitar que se derive una sentencia mínima del feminicidio consumado.
- Reparación integral del daño a las sobrevivientes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y otras ordenanzas como la "Sentencia Campo Algodonero" y "Sentencia Mariana Lima" reconocen este derecho, pero menos del 5% de las sobrevivientes lo han logrado.