La polémica reforma constitucional que modificó el artículo 19 de la Constitución y amplió la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, generó un intenso debate en el Congreso. La reforma, que fue aprobada con 335 votos a favor y 108 en contra, impulsa la detención automática sin juicio previo para un grupo de delitos considerados graves.
La iniciativa, impulsada principalmente por legisladores de Morena, busca reducir la impunidad en delitos como la extorsión, el contrabando y el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, argumentando que la medida permitirá proteger a las víctimas y asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial.
Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de críticas, principalmente por parte de la oposición, que la considera un retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza a la presunción de inocencia. Diversas figuras políticas como la diputada Margarita Zavala (PAN) alertaron sobre los posibles abusos de la medida, afirmando que podría utilizarse para perseguir a periodistas y empresarios.
La inclusión de delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal en la lista original, fue objeto de fuertes debates. Tras las reservas presentadas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, estas fueron excluidas de la lista final. Monreal explicó que la decisión de eliminar el narcomenudeo se basó en un enfoque social del problema, mientras que la exclusión de la defraudación fiscal respondió a un acuerdo con sectores económicos, buscando la unidad nacional.
La reforma, que ahora será enviada al Senado para su análisis y posible aprobación, establece que los jueces deberán aplicar la prisión preventiva de forma automática para los delitos incluidos en el catálogo, sin posibilidad de evaluar otras medidas cautelares caso por caso.