CDMX eleva penas por extorsión a delito grave con hasta 30 años de prisión

Estas modificaciones legales tienen como objetivo proteger a los ciudadanos y a los comerciantes que son víctimas de extorsiones y cobros ilegales.

La nueva ley, que fue respaldada por unanimidad con 59 votos a favor, eleva el delito de extorsión a delito grave. Las penas para los responsables de extorsionar variarán de 10 a 15 años de prisión, y en ciertos casos, pueden alcanzar hasta 30 años, dependiendo de las circunstancias agravantes. Además, el delito será perseguido de oficio, lo que permitirá a las autoridades investigar y sancionar sin necesidad de una denuncia formal.

La reforma también introduce modificaciones significativas en la clasificación del delito. "Anteriormente considerado como un delito patrimonial, ahora se clasifica como un delito mixto contra la integridad personal", destacó la diputada Tania Larios, una de las principales impulsoras de la reforma. Entre las nuevas modalidades agravantes, se encuentran situaciones como:

• El uso de menores de edad y adultos mayores en la comisión del delito
• La participación de servidores públicos
• Cuando las extorsiones se realicen desde centros penitenciarios

Estas modificaciones buscan combatir las diversas formas de extorsión que afectan a sectores vulnerables, como comerciantes y transportistas. La diputada Larios expresó su satisfacción por la aprobación de las medidas, que consideró esenciales para proteger a los ciudadanos y a los comerciantes.

Además de las penas más estrictas, la reforma también establece la creación de una Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión, que trabajará junto con un cuerpo especializado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta fiscalía se encargará de investigar los casos de extorsión y coordinará esfuerzos con la ciudadanía mediante una línea telefónica específica para denuncias.

La implementación de estas medidas busca ofrecer una respuesta más eficiente y rápida a los crecientes casos de extorsión en la ciudad. Con la reforma, los habitantes de la Ciudad de México podrán contar con una mayor protección frente a este delito, especialmente en un contexto donde las extorsiones afectan profundamente la economía local.

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