El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que endurece las penas por el delito de extorsión, los préstamos conocidos como "gota a gota", y el secuestro exprés, con lo que se alcanzarán hasta 15 años de prisión. Las reformas a los artículos 148 quinquies y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal permitirán que el delito de extorsión se persiga de oficio, y los acusados no podrán salir bajo fianza.
Entre los agravantes para el delito de extorsión se encuentran:
- La comisión del hecho por servidor o exservidor público de cualquier nivel de gobierno.
- La comisión del hecho por un miembro o exmiembro de una empresa de seguridad privada.
- La comisión del hecho con la presencia física del sujeto activo, o por una interpósita persona.
- La comisión del hecho utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
- La comisión del hecho empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas.
Las iniciativas que dieron lugar a este dictamen fueron propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, y la diputada priista Tania Nanette Larios Pérez. "La reforma permitirá a las autoridades judiciales contar con herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía", expuso el morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 realizada por el INEGI, la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando un aumento del 250 por ciento entre 2022 y 2023. La diputada morenista Xóchitl Bravo Espinosa destacó que las reformas contemplan la creación de una fiscalía especializada en extorsión, la implementación de una línea telefónica exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar este delito, y el aumento de las sanciones consideradas en contra de los extorsionadores.