Organizaciones exigen políticas para crisis de salud mental y adicciones en migrantes deportados
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Nicol Matuz ScottOrganizaciones como Elementa DDHH están alzando la voz, alertando sobre la insuficiencia de los programas de apoyo actuales. "No se trata solo de darles una tarjeta con dinero," afirma Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, "se necesitan políticas públicas que aborden la raíz del problema." La realidad en Tijuana, según Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización, es crítica. Los datos del Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Conadic muestran un perfil alarmante: la mayoría de los usuarios de sustancias en la ciudad son hombres migrantes deportados de Estados Unidos.
Este panorama, según Demichelis Ávila, está directamente relacionado con la frustración, la depresión y la desesperanza que experimentan estas personas al ser deportadas en contra de su voluntad. La cifra de deportaciones es significativa; recordemos que la Presidenta Claudia Sheinbaum reportó la llegada de 4,094 personas deportadas en la primera semana del gobierno de Donald Trump, una muestra de la magnitud del problema.
El problema se agrava por la limitada capacidad de las organizaciones civiles como PrevenCasa y Verter, que luchan por atender la crisis de opioides, pero se ven sobrepasadas por la demanda. "El gobierno debe asumir su responsabilidad," insiste Muro Polo, "y crear políticas públicas que contemplen la alta probabilidad de que estas personas terminen en situación de calle y vulnerables al reclutamiento por parte del crimen organizado."
La vulnerabilidad de estos migrantes deportados los convierte en blanco fácil para el crimen organizado, que se aprovecha de su situación para reclutarlos o utilizarlos en actividades ilícitas. El reto, por lo tanto, no solo implica atención médica y apoyo económico, sino también una estrategia integral de seguridad y protección para estos individuos, muchos de los cuales se enfrentan a la desesperación y una profunda crisis emocional tras su deportación.
La problemática se extiende más allá de los programas de asistencia básica, requiriendo una comprensión profunda de la fragilidad psicológica de quienes regresan a México forzosamente, un escenario que está contribuyendo significativamente a la crisis de adicciones en la región.
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