26,500 víctimas: Fraude telefónico desata crisis en México
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El Diario de SonoraEl jueves 6 de febrero de 2025, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se reveló un dato impactante: más de 26,500 posibles víctimas de fraude telefónico en al menos 20 estados del país. La información, proveniente de un operativo en Guadalajara, Jalisco, destapó un call center con “libretas repletas de números telefónicos de posibles víctimas a lo largo y ancho del país,” según fuentes de la Fiscalía estatal.
Este descubrimiento no solo expone la magnitud del problema, sino también la falta de una estrategia nacional coordinada para combatirlo. La respuesta oficial, limitada a ofrecer “colaboración” a las autoridades de Jalisco, ha generado críticas. Se cuestiona la ausencia de medidas preventivas concretas, la falta de planes para fortalecer la capacidad institucional para desarticular estas redes criminales, y la omisión de campañas de concientización pública.
La problemática trasciende lo meramente numérico. El hallazgo pone de manifiesto la fragilidad del sistema de seguridad y la urgente necesidad de una respuesta integral. La Fiscalía de Jalisco, al tener que solicitar colaboración a otras entidades federativas, subraya la falta de una efectiva coordinación interinstitucional, un problema que se extiende a otras áreas de seguridad pública.
Un análisis comparativo con la gestión del gobierno anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, resulta inevitable. Si bien ambos gobiernos enfrentaron desafíos similares, la falta de un abordaje contundente por parte de la administración actual genera una creciente preocupación entre la población. La comparación, cabe destacar, no pretende exculpar a gobiernos pasados, sino resaltar la necesidad de una respuesta más eficaz del gobierno actual.
La situación actual se percibe como una grave falla que refleja la insuficiente capacidad de respuesta gubernamental ante un delito que afecta a miles de mexicanos. Más allá de la seguridad, este caso evidencia una deficiencia en la visión integral para proteger a los ciudadanos del creciente flagelo de la delincuencia organizada. La falta de una estrategia clara y la respuesta tardía e insuficiente generan dudas sobre la capacidad del gobierno para afrontar esta problemática.
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