ASF detecta pagos a estudiantes fallecidos en el programa de Becas Benito Juárez

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Las finanzas públicas, un tema complejo que suele pasar desapercibido en la cotidianidad, ha dado un giro inesperado; se han revelado detalles que involucran un programa social de gran importancia para miles de jóvenes mexicanos

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Nicol Matuz Scott el 21/02/2025 10:34 AM.
En México y editada el 21/02/2025 10:38 AM.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos, ha presentado un informe que ha generado revuelo. En él, se detallan irregularidades en el programa de Becas Benito Juárez, específicamente en el año 2023.

El reporte de la ASF indica que se identificaron 513 pagos realizados a 486 estudiantes después de sus respectivas fechas de fallecimiento. Esto representa una suma total de $1,061,000 pesos, recursos destinados a un programa diseñado para apoyar la educación de jóvenes mexicanos. La información fue contrastada con datos del Registro Nacional de Población (Renapo), asegurando la precisión de los hallazgos.

Pero las irregularidades no se limitan a los pagos realizados a estudiantes fallecidos. La ASF también detectó 19,984 pagos por un monto de $101,314 pesos a estudiantes que no estaban registrados en los planteles educativos correspondientes a la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM). Esta inconsistencia pone en evidencia fallas en los mecanismos de control y verificación del programa.

Si bien la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) asegura haber realizado las confrontaciones con el Renapo y descartado a los beneficiarios fallecidos durante el primer y segundo semestre de 2023, la ASF aún reporta un probable daño a la Hacienda Pública Federal por $374,500 pesos correspondientes a 110 pagos a 106 alumnos, después de su deceso. Este dato, según la ASF, representa un "incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria".

La información detallada en el informe de la ASF abre un debate crucial sobre la transparencia y la eficiencia en la administración de los programas sociales en México, planteando interrogantes sobre los mecanismos de control y la supervisión de los recursos destinados a la educación.