Sheinbaum propone penas severas para espionaje extranjero en México
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Nicol Matuz ScottEl jueves pasado, el gobierno mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso dos importantes iniciativas de reforma constitucional. Estas reformas, según se anunció, buscan fortalecer la seguridad nacional y definir con mayor precisión los límites de la cooperación internacional en materia de combate al crimen organizado.
La propuesta más significativa se centra en las acciones de espionaje extranjero en territorio mexicano. La mandataria afirmó en su conferencia de prensa diaria: "Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la ley de seguridad nacional, si es detenido se le impondrá la pena más severa posible".
Este anuncio llega en un contexto complejo, marcado por la decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a seis cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. Esta decisión, tomada por el Presidente Donald Trump, ha generado fuertes reacciones en México, que ve en ella una potencial amenaza a su soberanía.
La propuesta de reforma enfatiza la necesidad de una colaboración internacional efectiva, pero con claros límites a la intromisión extranjera. Sheinbaum Pardo puntualizó: "Que este no sea un pretexto para la intervención de Estados Unidos en México (...) nos coordinamos, colaboramos pero no nos subordinamos". La reforma busca blindar la investigación y persecución del crimen organizado, estableciendo que ninguna acción podrá llevarse a cabo sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.
Además de las sanciones a espías extranjeros, la reforma también aborda la problemática del tráfico de fentanilo. La presidenta Sheinbaum cuestionó directamente al gobierno estadounidense: "¿Quién distribuye y quien vende la droga en Estados Unidos?", planteando la necesidad de una lucha frontal contra el narcotráfico en ambos lados de la frontera.
Las tensiones entre ambos países se han visto incrementadas por las recientes amenazas de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas, impuestas por Trump y posteriormente aplazadas temporalmente. Esta situación subraya la complejidad de las relaciones bilaterales y la necesidad de un diálogo constructivo para abordar los desafíos en materia de seguridad y comercio.
La propuesta de reforma constitucional se encuentra ahora en manos del Congreso mexicano, donde el partido oficialista cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Su implementación marcará un nuevo capítulo en las relaciones entre México y Estados Unidos, con implicaciones aún por definir para ambos países.
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