Caso Teuchitlán: FGR vs Fiscalía Jalisco, investigación estancada

El rancho Izaguirre, presuntamente utilizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para actividades ilegales, se ha convertido en el centro de una disputa entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que el caso es una prioridad para su gobierno, pero la investigación permanece estancada.
La Fiscalía de Jalisco, liderada por Salvador González, asegura haber entregado el expediente completo a la FGR el jueves 20 de marzo. Para demostrar su transparencia, publicaron en redes sociales el sello de recepción de la FGR, donde se lee: “Se propone ejerza la facultad de atracción”. Sin embargo, la FGR aún no ha atraído oficialmente el caso.
Fuentes de la Fiscalía de Jalisco explican que la FGR tiene la facultad de atraer casos estatales, un proceso que puede tardar días o semanas dependiendo de la complejidad. Este retraso, aunado a las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, ha generado especulaciones sobre las razones detrás de la demora.
La carpeta de investigación entregada por Jalisco incluye delitos como posesión de armas y desaparición de personas, pero no delincuencia organizada, competencia exclusiva de la FGR. Este detalle es crucial, ya que explica parte del intercambio de responsabilidades entre ambas fiscalías.
El hallazgo, realizado por un colectivo de buscadores de desaparecidos a principios de marzo, incluía restos óseos calcinados y pertenencias personales, lo que ha llevado a algunos a calificarlo como un "centro de exterminio". Este suceso ha generado una ola de críticas a la gestión del caso, con familiares de desaparecidos denunciando una falta de eficiencia y una priorización de la política sobre la justicia.
Un ex alto cargo de la extinta Procuraduría General de la República señaló que la FGR cometió una negligencia al no asumir el caso desde septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional tuvo un enfrentamiento con el CJNG en el rancho. "No cabe la menor duda de que es un tema de delincuencia organizada," declaró el ex funcionario, lamentando la pérdida de oportunidades para recopilar evidencia crucial.
Testimonios como el de Virginia Garay, madre de un desaparecido y miembro de un colectivo de búsqueda, revelan que la FGR ha ignorado reportes previos sobre actividades sospechosas en el rancho Izaguirre, incluso desde 2021. Este patrón de negligencia, junto con la contradicción de la FGR al asumir un caso similar en la misma región en enero de este año, pone en entredicho la eficiencia y la imparcialidad de las instituciones involucradas.
Mientras la investigación permanece en un limbo burocrático, la Fiscalía de Jalisco continúa con las pesquisas, a la espera de una decisión definitiva por parte de la FGR. El futuro de este caso, y la justicia para las posibles víctimas, pende de un hilo.