Guadalajara: Debate por ley que prohíbe narcocorridos en eventos públicos

Se trata de una iniciativa que busca regular el contenido musical en eventos públicos, con el objetivo de salvaguardar los valores de la juventud. El regidor priísta, Julio César Covarrubias, es el impulsor de esta propuesta de reforma al Reglamento de Espectáculos. Su iniciativa busca prohibir la interpretación y reproducción de géneros musicales que, según él, promueven la violencia y la apología del delito en eventos públicos de Guadalajara. "Estamos proponiendo que quede prohibida la realización de espectáculos en los que se interprete o reproduzca música que haga apología del delito y la violencia", explicó Covarrubias.
La iniciativa, que ya pasó a comisiones para su análisis, se centra específicamente en los narcocorridos y los corridos tumbados bélicos. La preocupación principal reside en el impacto que este tipo de música puede tener en la niñez y la juventud, quienes podrían verse influenciados por las letras que glorifican la violencia y las actividades ilícitas.
Covarrubias argumenta que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, esta debe tener límites. Recuerda la evolución de los corridos, que en el pasado narraban historias de lucha y justicia social, "canciones que nos enorgullecían narrando valentía y resistencia", pero que hoy se han desvirtuado, convirtiéndose en un vehículo para la exaltación de la violencia y el narcotráfico.
La propuesta busca proteger espacios emblemáticos de Guadalajara como el Estadio Jalisco, la Plaza de Toros, el Palenque y el Teatro Diana, evitando que se conviertan en escenarios para la difusión de este tipo de contenido. La iniciativa busca emular medidas similares ya implementadas en estados como Nayarit, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.
La iniciativa espera una amplia socialización antes de ser aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Se buscará el consenso de la sociedad tapatía para determinar el futuro de este tipo de música en los eventos públicos de la ciudad. La propuesta busca un balance entre la libertad de expresión y la protección de la juventud.