Intentando proveer un ambiente escolar seguro, varios funcionarios públicos estatales han apoyado un proyecto de ley, el cual permitiría empleados escolares, incluyendo maestros, administradores, y personal de mantenimiento portar armas de fuego en las escuelas. Se trata del proyecto de ley No 2656, pues dicha ley solamente propondría la opción de personal escolar portar armas de fuego por terreno escolar y no lo exigiría. El proyecto de ley fue introducido al congreso estatal por el legislador David Stevens, republicano quien representa el distrito legislativo No 14, ubicado por el sureste del estado, pues según Stevens la propuesta de permitir personal escolar portar armas funcionaría como la solución más eficiente económicamente para enfrentar la amenaza de la violencia por el terreno escolar.
El proyecto de ley también tiene el apoyo de Tom Horne, quien funge como fiscal estatal, el funcionario público estatal con el cargo de hacer cumplir la ley. Según Horne, la solución ideal para evitar violencia en las escuelas públicas del estado sería la presencia de un agente policiaco armado en cada escuela, aunque él señala que por razones presupuestarias, logísticas, y políticas, esta no será factible. “Esto sería mejor que no actuar. Esta propuesta asegura que en el caso de la intrusión por un malvado quien intenta balear una escuela, podría estar presente una persona capaz de responder”, declaró el fiscal Horne. Stevens, el diputado estatal quien patrocinó el proyecto de ley, indica que el lenguaje de la ley asegura la aceptación por las administraciones de los distritos escolares. “Esto sería voluntario. La participación por parte de los distritos escolares no se exigiría por ley”, agregó Stevens.
Sin embargo, administradores quienes representan los intereses de los distritos escolares han señalado aprensión sobre el programa. John Pedicone, quien funge como el superintendente del distrito escolar de Tucson (conocido por sus siglas en inglés como TUSD) expresó sus dudas, indicando que la responsabilidad de la seguridad escolar sería demasiada para el empleado típico, aunque también señaló que la presencia de una persona armada posiblemente serviría para disminuir el riesgo de un asalto armado en una escuela. Andrew Morrill, quien funge como el presidente de la Asociación Educativa de Arizona, la cual representa los intereses de profesores, consejeros escolares, u otros empleados escolares, también expresó sus dudas, pues él indicó que la propuesta no proveería suficiente entrenamiento para los empleados escolares designados para portar armas sobre el uso de armas de fuego durante una crisis o emergencia.