TUCSON, AZ.
En duda la prohibición de entregar licencias de manejar a dreamers protegidos por la Acción Diferida.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, deberá entregar algunos documentos internos sobre su política de negar licencias de manejo los dreamers, ordenó un juez federal.
“La orden fue emitida por el juez federal de distrito David Campbell en un fallo de 11 páginas.”
La orden fue emitida por el juez federal de distrito David Campbell en un fallo de 11 páginas.
Los dreamers son inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Más de 540 mil de ellos se encuentran protegidos desde el 15 de agosto del 2012 por una Acción Diferida del gobierno que les cancela temporalmente las deportaciones y les concede un permiso de trabajo.
Arizona negó primero las licencias de manejar a personas indocumentadas y en septiembre extendió la prohibición para incluir a todas las personas cuya deportación fue postergada.
La medida incluyó a los dreamers amparados por la Acción Diferida.
Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron para bloquear la política, argumentando que era inconstitucional, reportó The Associated Press.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes solicitaron al juez Campbell ordenar al personal de Brewer, y al Departamento de Transporte de Arizona, entregar documentos que llevaron a la política y a sus cambios posteriores.
Los abogados de Brewer dicen que los comunicados internos y correos electrónicos están protegidos por el privilegio abogado-cliente.
Brewer tiene un plazo de 14 días para cumplir la orden judicial.
“Cualquier miembro del público tiene el derecho de pedir documentos, entre ellos los correos electrónicos que son del gobierno”, dijo a la agencia española de noticias Efe la directora del comité de inmigración de la Liga de Ciudadanos Americanos (LULAC) en Arizona, Lydia Guzmán.
No quedó claro de inmediato qué contienen esos documentos, y el personal de Brewer no respondió de inmediato la tarde del miércoles una solicitud de comentario de The Associated Press sobre la orden del juez.
Los demandantes están convencidos que en estos correos electrónicos hay un “lenguaje racista” que podría ser utilizado para terminar con esta regulación en base a discriminación racial.
También han solicitado les sean entregados todas las conversaciones que tengan palabras como “indocumentados”, “mexicanos”, “mojados” e “ilegales”, entre otras, dijo Efe.
“Definitivamente la propuesta es una muestra más del abuso de poder por parte del liderazgo republicano en la legislatura estatal”, indicó Guzmán.
La controversia surgió después que el gobierno de Obama firmara la Acción Diferida.