El presunto delincuente sexual Luis Fernando, vecino de Mascareñas que abusó de una menor de edad, fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva.
Según la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES), un juez juzgó a Luis Fernando “N”, de 55 años, por los delitos de violación agravada, abuso sexual agravado y acoso sexual agravado a menor de edad con identidad reservada.
La orden de arresto se basa en hechos ocurridos entre el 29 de mayo de 2022 y el 1 de abril de 2024, tiempo en que el hoy detenido, presuntamente, violó en al menos una ocasión a una menor de 12 años de edad, además de cometer actos de abuso y acoso sexual en su contra.
El 29 de mayo del 2022, cuando la víctima tenía 12 años, el sujeto utilizó su confianza como familiar de la víctima para invitarla a dar un paseo y montar cerca de un río en el poblado de Mascareñas, municipio de Nogales, Sonora, donde aprovechó que estaban solos para abusar de ella.
Al día siguiente, después de que él la amenazara para que guardara silencio y la invitara a montar su caballo nuevamente; fue que el sujeto la volvió a tocar indebidamente.
También en julio de 2022, se descubrió que la víctima la invitó a subir a un cerro con otro menor, donde este la tocó inapropiadamente y le hizo comentarios lascivos, y finalmente el 1 de abril de 2024, la víctima fue abusada verbalmente por el sujeto que también se encontraba en su domicilio.
Posteriormente se interpuso la denuncia correspondiente, se abrió el expediente de investigación, el juez pudo dictar la orden de aprehensión correspondiente y se iniciaron las audiencias legalmente necesarias, resultando en la vinculación a proceso por parte del Juez de Control, mismo que determinó la prisión preventiva como medida cautelar.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora está comprometida con proteger el bienestar de los menores de edad. En este sentido, durante los siguientes pasos del proceso legal, buscará aplicar las penas más severas permitidas por la ley en casos que atenten contra el libre desarrollo de la víctima y afecten el tejido social. Es fundamental garantizar la justicia y la seguridad de los menores, así como enviar un mensaje claro de que tales acciones no serán toleradas en la sociedad.