Deben regularizar adopciones de menores

HERMOSILLO.

El Presidente Magistrado reconoció que no todos los hijos están con sus padres acogientes.
Los padres acogientes de los nueve menores tendrán que reiniciar el proceso de adopción ya que no existe un trámite legal, aseguró el Presidente Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Sebastián Sotomayor Tovar.
El titular del STJE explicó que existen todavía tres etapas que se deben supervisar en la sustracción de menores, desde la situación jurídica de los niños y niñas, la responsabilidad penal, además del concepto de la reparación del daño ante los problemas vividos por los involucrados.
“No se hizo ningún proceso de adopción, pediríamos que se regularice esa situación”, expresó para agregar que los menores deben tener un lugar estable para su desarrollo, con padres, abuelos o instituciones como Unacari, aunque eso lo determinará el juez con ayuda de especialistas.
El Presidente Magistrado reconoció que no todos los hijos están con sus padres acogientes, ya que se deben hacer estudios para garantizar que viven en condiciones óptimas, además que durante el proceso normal de sus vidas todos los menores sean identificables para en caso de presentarse los padres verdaderos iniciar otro procedimiento.
Aseguró que se tiene que localizar a las madres biológicas y resolver la situación de los menores de edad en razón de lo que presenten sus verdaderas familias o los intereses de ellos, siempre cuidando la intimidad e identidad de los niños y niñas.
Sotomayor Tovar detalló que esperan que la custodia provisional quede atendida y resuelta rápido, para entonces estudiar el caso del desistimiento, ya que se debe dar curso al delito de sustracción y tráfico en contra de Vladimir Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López.
“La familia enfrenta un proceso, que entiendo ya hay un desistimiento, yo no tengo información oficial, salvo lo que conozco por los medios y en tanto se inicie ese proceso tenemos que continuar aplicando el principio de presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que exista una sentencia ejecutoriada y en el inter tenemos que mantener vigente esa disposición”, detalló.
De acuerdo a las leyes y una vez que la PGJE detenga a los dos inculpados, se debe desahogar su declaración para fijar si procede o no el auto de formal prisión, mientras que también tienen que estudiar el aspecto de la reparación del daño.
“La legislación, los convenios y tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido algunos parámetros sobre cómo atender este tipo de situaciones, debo decir que no hay normatividad concreta sobre cómo atender esta situación, sino que tenemos que aplicar principios generales de derecho y tenemos que aplicar antecedentes de la Corte Interamericana en casos análogos para ver cómo se va a reparar esta situación”, declaró.
Sotomayor Tovar admitió que aunque los dos involucrados hayan confesado su delito, al final no es prueba plena para acreditar un delito y sí se debe vincular con circunstancias que consten en la consignación, ya que no basta con declarar que se cometió una falla y sí acreditar lo que sucedió y hasta entonces el juzgador tendrá que determinar si existe una presunta responsabilidad con la que se pueda resolver una formal prisión.

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