El Diario de SonoraPor Jesús Esquer
Hermosillo
El director jurídico del gobierno del estado, Erik Iván Jaimes Archundia aseguró que no habrá negociaciones con ex funcionarios del pasado sexenio y recordó que su dirección tiene cerca de 30 expedientes abiertos.
El funcionario estatal admitió que tienen registros sobre unos amparos que fueron promovidos por uno de los hermanos del ex gobernador, además de los que ya existen a favor de un sobrino de Padrés Elías y su hijo Jaime Alan.
“(Vamos) con todo los ex funcionarios, hasta donde nosotros tenemos entendido, traemos una treintena de ex funcionarios investigados por diversos hechos y causas, no ligados a este procedimiento (Padrés) sino ligados a muchas otras investigaciones que se están llevando a cabo y que sus investigaciones radican en la parte de la responsabilidad administrativa que resuelve Contraloría, pero también en la parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la propia Fiscalía Anticorrupción”, declaró.
Jaimes Archundia rechazó que exista negociaciones con los ex funcionarios, ya que no se puede negociar la ley ya que el tema está en manos del Poder Judicial de la Federación el resolver qué es lo que corresponde resolver.
“Esto ya está fuera de la política, esto ya está fuera de los sentimientos y de los resentimientos, es un tema estrictamente de acción jurídica, de acción legal, de acción normativa y corresponderá a los jueces responder cuál es el alcance que en ese tipo de resoluciones van ellos a adoptar por cada investigación”, detalló el director jurídico.
Admitió que aunque es una decisión que le corresponde a los jueces, la administración estatal no va a descartar la reparación económica que podría llevar a cabo procedimientos para confiscar recursos o bienes que se quedaron en manos de los investigados, ya que también es parte de lo que la sociedad ha reclamado.
Detalló que por el momento el Gobierno Estatal debe sustanciar el procedimiento penal ante el juez de distrito que tiene el caso y resolverá que sigue, además de valorar lo que la defensa presente como argumentos, ya que recordó, ya anunció que va a promover todos los medios de impugnación posibles en el procedimiento legal.
El director jurídico, dijo, tienen que esperar si se recurre el auto de formal prisión con apelaciones o amparos, lo que provocará que el Estado tenga un seguimiento cercano a los status jurídicos de cada una de esas causas y que deben resolverse por parte de los órganos jurisdiccionales.
“Escuché por ahí que alguien decía que era un procedimiento breve, al parecer la defensa del ex gobernador había señalado que en siete, ocho meses todo estaba resuelto, la realidad es que la experiencia y la práctica en procedimientos de esta naturaleza no es así, es mucho más amplio el tiempo dado la complejidad del tecnicismo de los tipos penales, hay que recordar que estamos hablando de lavado de dinero, defraudación fiscal calificada y también estamos hablando de lo que es delincuencia organizada”, recordó Jaimes Archundia.
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