El Diario de SonoraPor Gerardo Moreno
HERMOSILLO
Con la finalidad de que las escuelas públicas o privadas que prestan servicios educativos a menores de seis años y que no están registradas como estancias infantiles, como la escuela Uniniño, cumplan con lo que mandata la Ley Cinco de Junio, la asociación Nuestro Legado ABC presentó una iniciativa para que quede perfectamente claro este punto.
Julio Cesar Márquez, representante de la asociación, explicó Uniniño estaba registrado como centro de educación primaria, sin embargo, estaba atendiendo a menores en edad maternal, y por las autoridades aseguraban que no tenían que cumplir con la Ley Cinco de Junio, hablando de medidas de protección civil y sanciones.
“Por esto nosotros realizamos estudios y análisis de las leyes que le competen a este caso y consideramos que existen vacíos en las mismas que se deben solventar para evitar situaciones como la que paso en Uniniño, en un futuro”, resaltó.
Julio Cesar expresó que no se puede permitir que por este tipo de ambigüedades y vacíos legales no se estuviera protegiendo como es debido a los niños y sigan sucediendo tragedias donde menores mueran, como lamentablemente le paso a la pequeña Valentina.
Detalló que la iniciativa que presentaron al Congreso del Estado contempla modificar el artículo 38 de la Ley de Protección Civil y el artículo nueve de la Ley Cinco de Junio, donde se agregará que todas las instituciones educativas que atiendan niños desde los 43 días de nacidos hasta los seis años edad serán sujetos a cumplir con la ley y si no, serán sujetos a las sanciones pertinentes.
“Con esto creemos que se acabaría la discusión de que si estancias como Uniniño le compete o no la Ley cinco de Junio”, recalcó.
La iniciativa se presentó a través de correspondencia del Poder Legislativo, para que tuviera los efectos legales necesarios. Pero también se entregó una copia al diputado Calos León García, presidente de la comisión de Protección Civil.
De la misma forma se envió una copia a la diputada Célida Teresa López de la comisión de justicia y derechos humanos, a María Cristina Gutiérrez de la comisión de salud y a Emeterio Ochoa Bazua de la comisión de desarrollo social.
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