Seis años de impunidad en el Río Sonora

A seis años del desastre ecológico más grande en la historia del Estado ocasionado por el derrame de tóxicos en el Río Sonora, las afectaciones a la salud, economía y social de las comunidades perjudicadas continúan sin poder ser subsanadas de manera integral.

Y es que a pesar de que tras el incidente que derivó en el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea; se establecieron compromisos por parte del Grupo México y Gobierno Federal para resarcir los daños y a la fecha no se han cumplido.

Fue el 6 de agosto de 2014 cuando una falla en una válvula de la mina generó el derrame de metales pesados, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas de más de 22 mil habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, mismos que su economía regional depende en gran parte de la agricultura, ganadería, turismo y artesanías.

Seis días después la empresa minera Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, reconoció oficialmente el derrame, atribuyéndoselo a que las lluvias en esa región de la entidad estuvieron por encima del promedio habitual; pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desmintió el argumento, y el 18 de agosto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presenta una denuncia penal para quien resulte responsable del derrame.

El 22 de la Conagua informó que el Río Sonora estaba contaminado con arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio con picos por arriba de los límites máximos permisibles establecidas en las normas de salud mexicanas, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) declara el derrame como el peor destre ambiental en la industria minera del país.

El 15 de septiembre se crea el Fideicomiso Río Sonora a raíz de un convenio entre Grupo México y las autoridades federales, por un monto de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones y la construcción de 36 plantas potabilizadoras y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE), un hospital especializado en tratamiento y seguimiento a la salud de los afectados por 15 años; pero la empresa sólo se ejercieron.

Como parte de las investigaciones y afectaciones al ambiente, el 20 de marzo de 2015 la Profepa multa a Grupo México con 23 millones de pesos, lo que representó una sanción económica del 0.00016 por ciento de los ingresos que tuvo la empresa ese año.

El 2 de febrero de 2016 el gobierno federal y Grupo México cierran de manera unilateral el fideicomiso sin informar a las personas afectadas y sin haber cumplido con los acuerdo de remediación de los daños.

El 5 de agosto de 2019 representantes de los Comité de Cuenca Río Sonora exigen a la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrir el fideicomiso, dos días después la instancia responsable de la impartición de justicia anuncia que estudiará el caso sobre como operó este mecanismo para resarcir los daños; y el 15 de enero de 2020 concede el amparo de protección a las comunidades del Río Sonora.

El 8 de enero por motivos desconocidos la SCJN aplazó de manera indefinida la discusión pactada en la que la Segunda Sala dictaría sentencia sobre el destino de los recursos del Fideicomiso Río Sonora; y el 6 de junio del mismo año a través de un recurso legal.

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