Cobraron empresas factureras de Sonora más de 221 mdp
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El Diario de SonoraEstas firmas fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pese a que las identificaron como simuladoras de servicios que nunca se llevaron a cabo las autoridades no han emitido sanciones.
En un análisis realizado mediante acceso a la información pública se pudo conocer los nombres de las empresas, mismas que facturaron en su mayoría servicios de organización de eventos, construcción, consultoría, entre otros.
De los 221.15 millones de pesos identificados un total de 185 millones 421 mil 633 corresponde a transacciones efectuadas por los Ayuntamiento y 31 millones 279 mil 903 pesos fueron ejercidos vía adjudicaciones directas estatales y federales.
También se identificó que 4 millones 413 mil 692 pesos fueron facturados a una red de “empresas fantasma” que se conformó en Hermosillo.
El SAT confirmó la existencia de este problema mediante acceso a la información pública. De acuerdo con el listado entregado en la solicitud folio 0610100127420 “del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2020 se detectó en Sonora un total de 220 empresas publicadas en términos del primer y segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”.
Dicho artículo detalla que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios (...) se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, indica el Código Fiscal.
Sin embargo, emitir facturas falsas y ser identificadas sin que se sancione a nadie es sólo una parte de la problemática, pues estas firmas también coinciden en que tienen los mismos domicilios fiscales, comparten socios y fueron dadas de alta en las mismas notarías.
Un ejemplo es Leyn Comercializadora S.A de C.V, sociedad que fue registrada el 3 de noviembre de 2016 y señalada como “facturera” por el SAT en abril de 2020.
De acuerdo con el acta constitutiva, la empresa pertenece a Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V y de Orbes Soluciones en Ti S. de C.V, ambas también señaladas como simuladoras de operaciones.
El domicilio fiscal de Leyn Comercializadora –ubicado en el número 59 en la colonia 5 de Mayo en Hermosillo– corresponde a una vivienda que actualmente está ocupada por un negocio de producción multimedia cuyo actual arrendatario dijo no saber nada al respecto.
“Fíjate que desconozco qué empresa era la que ocupaba el inmueble ya que nosotros lo rentamos desde diciembre de 2021 y no tengo más información al respecto”, destacó Diego Salcido.
En 2016 y 2018 la empresa Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V recibió dos contratos mediante adjudicación directa del Gobierno de Sonora por un monto de 3 millones 858 mil 319 pesos por concepto de proveer personal para el Parque Infantil del Estado.
Su domicilio fiscal corresponde a un local que actualmente está abandonado localizado en bulevar Ignacio Soto número 152 en la colonia Loma Linda.
Tanto Leyn Comercializadora como Servicios Profesionales Rinor fueron conformadas ante el mismo corredor público, Carlos Orduño Fragoza entre agosto de 2015 y noviembre de 2016.
Para 2018 el mismo notario público dio de alta otras dos empresas que también aparecen en la lista del Servicio de Administración Tributaria como simuladoras de operaciones: TME Tecnología en Mantenimiento Especializado S.A de C.V y Servicios Integrales Vabok S.A de C.V.
De acuerdo con el padrón de proveedores del Partido Verde Ecologista en Sonora, entre el 1 de agosto y el 30 de diciembre de 2019 Servicios Integrales Vabok prestó servicios de labores contables. Para el 24 de junio de 2020 fue clasificada por el SAT como “empresa fantasma”.
Para este reportaje se buscó concretar una entrevista con el corredor público Carlos Orduño Fragoza mediante llamadas telefónicas a su oficina y mediante correo electrónico declinó proporcionar su versión el 11 de marzo de 2022.
Otro caso identificado es Comercializadora Calm S.A de C.V y Renov Servicios S.A. de C.V. Desde su conformación y al menos hasta julio de 2018, las dos empresas compartían el mismo domicilio ubicado en la calle Paseo del Real número 6 de la colonia Nueva Galicia. Ambas fueron boletinadas por el SAT como “fantasma” el 25 de junio de 2020.
Según el padrón de proveedores del Gobierno de Sonora en 2019 Comercializadora Calm S.A de C.V obtuvo dos contratos por 244 mil 688 pesos con el Instituto Sonorense de la Juventud por concepto de organización de eventos
Esta misma empresa suscribió otro contrato con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para suministrar material a Centros de Reinserción Social “para fomento de actividades deportivas entre la población penitenciaria” por 310 mil 685 pesos.
Red de empresas fantasma operó en los municipios
Con base a la solicitud de acceso a la información pública folio 0610100006820 se pudo conocer que el Servicio de Administración Tributaria confirmó la existencia de al menos 788 facturas emitidas ante cinco municipios de Sonora: Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, durante los años 2014 a 2019.
El monto ascendió a 185 millones 421 mil 633 pesos distribuidos entre 66 empresas que simularon haber prestado servicios de giro comercial, de servicios, industrial y de construcción.
Fue el Ayuntamiento de Nogales el que concentró mayor incidencia en facturación de operaciones simuladas con 123 millones de pesos (66.33%), seguido de Guaymas con 49.5 millones de pesos, y Cajeme con 9.9 millones de pesos.
Mayor desvío de dinero público en años recientes
Entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de julio de 2021 se facturaron en Sonora 31 millones 279 mil 903 pesos mediante 88 empresas que fueron catalogadas por el SAT como “fantasma”.
Este dato se obtuvo mediante el cruce de información entre los nombres de las firmas emitidas como simuladoras de operaciones y con datos de contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las dependencias que concentran más del 90% de facturas están la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Universidad de Sonora, el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, el Ayuntamiento de Hermosillo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Secretaría de Seguridad Pública.
Autoridades están enteradas
Guillermo Noriega Esparza, Contralor de Sonora, confirmó tener conocimiento del problema de empresas fantasmas que enfrenta el estado y dijo que actualmente hay 17 procesos de investigación abiertos.
“Hemos reabierto casos que involucran estas prácticas, específicamente algunos muy conocidos como la Estafa Maestra o la misma Operación Safiro que incluso están a punto de prescribir y estamos haciendo todo lo posible por evitarlo”, explicó el secretario.
También destacó que están conscientes que hay notarios públicos involucrados en la creación de empresas que simulan operaciones y puso como ejemplo que el pasado 6 de enero la Notaría Pública 79 fue cateada como parte de una investigación en que apoyó la Fiscalía Anticorrupción.
Con respecto a cuánto dinero se ha desviado mediante este esquema Noriega Esparza no quiso adelantar una cifra. “Sería aventurado decir un número, pero sí rebasa una cantidad importante de millones de pesos lo que podemos cuantificar y rebasa más de una docena de servidores públicos, no es un asunto de un año en específico”, consideró el Contralor de Sonora.
Sociedad civil busca atacar el problema
Se estima que hay 1.9 millones de empresas en el Registro Público de Comercio, operado por la Secretaría de Economía en México, explicó el ingeniero en sistemas Héctor Yeomans Macazani, quien se ha especializado en implementar lenguajes de programación que hagan más accesibles los datos que por obligación deben ser públicos.
El ingeniero creó este año la plataforma digital www.buscarpc.com que tiene como objetivo que el usuario pueda ver en dónde se creó una empresa y a la vez saber si ésta fue boletinada como simuladora de operaciones o no.
“La utilidad es darle a la gente la facilidad de saber rápidamente si una empresa simula operaciones, la manera en que el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Público de Comercio funciona hace que el proceso de consulta sea muy tardado, pero con esta ‘araña’ es más sencillo y rápido”, comentó Héctor Yeomans.
Al programar la plataforma el ingeniero pudo identificar que hay 10 mil 900 registros de firmas catalogadas como “fantasma” a nivel nacional, pero con muchos duplicados.
Del total que siguen activas son 48 las que tienen su sede en Hermosillo, lo que ubica a este municipio en la posición número 25 de las ciudades de México donde más se registran sociedades de este tipo. “entre 1.5% y 2% del total” señaló el programador.
Yeomans Macazani destacó que Jalisco, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México concentran el 42.5% de este problema hasta el 25 de febrero de 2022. Los otros 28 estados tienen el 57.5% del total y Sonora aparece con 1.4%.
Notarios públicos se prestan a actos de corrupción
Marlene León Fontes, directora de la asociación civil Iniciativa Sinaloa, afirma que las empresas “fantasma” se han convertido en uno de los problemas fiscales más grandes que padecen tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal.
Explicó que el daño a las finanzas públicas y la confianza en las instituciones opera desde el ámbito local. “No se presenta con la contratación, sino que viene desde las notarías públicas, porque ahí es donde se empieza a dar esta legalidad a empresas ficticias”, argumentó Marlene León.
La directora de la organización reconoció el grave problema de la participación de notarios públicos, quienes se han prestado a registrar sociedades inexistentes que a su vez facturan a gobiernos.
“Hay una constante que son los mismos notarios quienes siguen dando este aval y les dan una cierta legitimidad para que puedan concursar en licitaciones millonarias e incluso obtener adjudicaciones directas y una vez que esto se consigue vemos que el recurso es desviado”, opinó León Fontes.
De nada sirve detectar empresas fantasmas sin aplicar la ley
Para Óscar Serrato Félix, especialista en corrupción y miembro de la Coparmex en Sonora, la proliferación de empresas fantasma es una señal de impunidad y de complicidad de los gobiernos.
“Habla de la existencia de estructuras dentro de los gobiernos estatales y municipales que existen porque hay una cultura de impunidad que las incentiva, donde las recompensas por delinquir como una red son muy altas, el costo por crearlas es prácticamente cero y el castigo muy bajo porque no se penaliza”, dijo el empresario.
Serrato Félix destacó que atacar el problema sería para las autoridades una “oportunidad para restituir la tan degradada confianza ciudadana en las instituciones combatiendo la corrupción” e hizo hincapié en que estas firmas “son creadas porque hay una figura con poder desde el Gobierno estatal que tiene la facultad de operar de manera transversal”.
Por su parte, José Fidel Ramírez Jiménez, decano de la Universidad de Sonora, recalcó que las herramientas legales del SAT se han limitado a detectar a firmas irregulares con base en su falta de materialidad, es decir la ausencia de condiciones físicas-operativas que amparen en realidad sus operaciones, pero no es suficiente.
“Un arma que es muy fuerte y no la han utilizado es la Ley Antilavado, aunque está más limitada en las actividades que considera vulnerables, ha ayudado a que esas condiciones de materialidad se estén cumpliendo”, agregó el especialista.
Ramírez Jiménez advirtió que la velocidad con la cual operan las redes tras la conformación firmas que simulan operaciones va estar adelante de la capacidad de reacción de las autoridades en el corto plazo, ya que son organizaciones muy sofisticadas.
La solución podría venir de la tecnología
Eduardo Bohórquez López, director general de Transparencia Mexicana explicó que el problema debe ser atacado desde una estrategia que combine mejoras de regulación con las notarías públicas y aplicación intensiva de herramientas digitales como son los “blockchain”.
Los “blockchain” o cadena de bloques es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro de las operaciones financieras digitales que mediante algoritmos validan o no las transacciones con base a los indicadores cargados previamente.
“Rompería con esquemas donde intervienen eventos como los actos de fe de los notarios, que son eso como dice la ley, una fe de hechos, que han permitido una complicidad para crear este tipo de empresas. Además permitiría tener un sistema actualizado con las alertas de detección para las empresas señaladas por el SAT sin necesidad de tanta burocracia y en tiempo real”, indicó Bohórquez López.
El SAT dice no tener información, Órgano Garante de Transparencia lo obliga
El 11 de enero de 2022 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al SAT buscar y entregar el listado de proveedores catalogados como simuladores de operaciones que facturaron al Gobierno de Sonora entre el 1 de enero de 2010 y el 11 de octubre de 2021 y los comprobantes.
Esta obligación surgió luego que el Servicio de Administración Tributaria recibiera una solicitud de transparencia en la que no entregaron los datos ante la “inexistencia” de la información.
Hasta el 16 de marzo de 2022, no se ha proporcionado la información, pues la dependencia tiene un plazo de máximo cinco meses para acatar la instrucción.
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