Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó este miércoles en sesión ordinaria el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el que, a solicitud del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, se aclara que las sanciones a quienes graben y compartan imágenes y videos de cadáveres, en la denominada Ley Ingrid, son únicamente para servidores públicos de corporaciones policiales y de impartición de justicia.
La lectura del dictamen con la propuesta de modificación enviada por el mandatario estatal tras la publicación de la Ley en Sonora el pasado 6 de junio, corrió a cargo de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, quien expuso que se solicita dejar sin efecto de sanción a las integrantes de colectivos de búsqueda y sociedad en general.
“Se le impondrá de 4 a 10 años de prisión y una multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; tratándose de imágenes o audios de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, o de las circunstancias de su muerte, las penas prevista en este artículo se incrementarán hasta en una mitad”, precisó.
El pasado 6 de junio entró en vigor en la entidad la denominada Ley Ingrid, con la que se prohíbe compartir imágenes de cadáveres a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación, de las imágenes del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja, cuyo feminicidio ocurrió en la Ciudad de México el 9 de febrero 2020; pero causó indignación en los colectivos de búsqueda, por lo que el gobernador promovió la modificación.