Purgaría nogalense hasta 10 años de cárcel por contrabando de armas
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El Diario de SonoraNogales, Son
Hasta 10 años de prisión podría purgar un nogalense que fue detenido por autoridades norteamericanas cuando contrabandeaba armas de fuego hacia México por la garita Dennis DeConcini.
El pasado mes de febrero un gran jurado federal acusó formalmente a José René Murrieta, de 30 años, originario de Nogales, de un cargo de contrabando de bienes desde los Estados Unidos, delito grave de recepción de un arma de fuego y conspiración para contrabandear armas de fuego fuera de los Estados Unidos para promover un delito grave.
La demanda alega que el 23 de enero de este 2024, Murrieta intentó salir de Estados Unidos e ingresar a la República Mexicana a través del puerto de entrada de DeConcini.
Después de una búsqueda en el vehículo de Murrieta, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos localizaron varios rifles, pistolas y cargadores. Durante una entrevista, Murietta admitió que estaba contrabandeando los artículos a México a cambio de dinero.
El contrabando de bienes desde los Estados Unidos conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. El delito grave de recepción de un arma de fuego y la conspiración para contrabandear armas de fuego fuera de los Estados Unidos para promover un delito grave conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.
Una acusación formal es simplemente un método por el cual una persona es acusada de actividad criminal y no plantea ninguna inferencia de culpabilidad. Se presume que una persona es inocente hasta que se presenten pruebas ante un jurado que establezcan su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Este caso está siendo procesado bajo las disposiciones penales de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, que el Congreso promulgó y el Presidente firmó en junio de 2022. La Ley es la primera ley federal diseñada específicamente para combatir el tráfico ilícito y la compra de armas de fuego por testaferros.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHI, por sus siglas en inglés) llevó a cabo la investigación en este caso. El fiscal federal adjunto Nathaniel Walters, del Distrito de Arizona, Tucson, está a cargo de la acusación.
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