Los custodios de registros policiales dedican innumerables horas a revisar y editar el metraje de las cámaras corporales para abordar preocupaciones de privacidad según la ley de registros, lo que resulta en atrasos significativos para quienes solicitan acceso, incluidos abogados, periodistas y civiles.
La Policía de Phoenix, como ejemplo, maneja estas solicitudes por orden de llegada, priorizando solo los casos de tiroteos involucrando a oficiales. La edición manual de videos es un proceso tedioso y lento, que puede llevar a un empleado hasta una semana por video. A pesar de los esfuerzos por aumentar el personal, los atrasos persisten, superando el año en algunos casos.
Este escenario plantea preocupaciones tanto para los departamentos policiales, debido a la carga de trabajo, como para los solicitantes, por la falta de acceso a información crucial para la transparencia. La introducción de tarifas para desalentar solicitudes excesivas y el potencial uso de inteligencia artificial para agilizar el proceso son temas de debate actual. Sin embargo, la importancia de la accesibilidad a estas grabaciones para la confianza y la rendición de cuentas públicas sigue siendo un punto crítico de discusión.