Ciudadana hondureña sentenciada a 10 años de prisión por Tráfico de Personas
María Mendoza-Mendoza, conocida como “La Guera”, de 52 años y originaria de Honduras, ha sido condenada a diez años de prisión en Estados Unidos por su participación en una red de tráfico ilegal de inmigrantes, según informaron los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional este martes.
Brenda Rodríguez
La acusación contra Mendoza-Mendoza se centra en su rol como coordinadora del movimiento de migrantes desde Honduras hasta la frontera entre Estados Unidos y México, así como su posterior alojamiento en casas de seguridad en Phoenix, Arizona.
Autoridades indicaron que Mendoza-Mendoza extorsionaba a los migrantes y sus familias antes de permitirles la entrada al país.
Documentos judiciales revelan que la acusada supervisaba la operación desde Honduras, utilizando cuentas bancarias para recolectar millones de dólares en tarifas de contrabando. Los migrantes eran retenidos en las casas de seguridad hasta que pagaban las deudas acumuladas durante el viaje, siendo extorsionados en caso de no poder pagar o incluso abandonados en el desierto.
La red liderada por Mendoza-Mendoza fue responsable de más de cien operaciones de tráfico de personas. La hondureña fue acusada formalmente en enero de 2018 y extraditada de Honduras a Estados Unidos en junio de 2023.
Su extradición marcó un hito al convertirse en la tercera mujer hondureña extraditada a EE.UU. desde mayo de 2014, siendo la primera bajo el cargo de tráfico de personas.
En una declaración realizada el 24 de enero, Mendoza-Mendoza se declaró culpable de conspiración para transportar extranjeros ilegales con fines de lucro.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó la sentencia como un ejemplo de la cooperación internacional para desmantelar organizaciones criminales.
La sentencia de hoy es un testimonio de la asociación y colaboración de la Administración de Joe Biden con aliados en países como Honduras y México”, afirmó Mayorkas.
El caso fue procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona y fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional con la ayuda de la patrulla fronteriza de Tucson y socios encargados de hacer cumplir la ley en Honduras.
