El futuro de Meadows en juego: ¿Se traslada el caso a un tribunal federal?
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Leonora LagardaMeadows, quien enfrenta acusaciones tanto en Arizona como en Georgia, busca protección bajo la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, argumentando que sus acciones fueron parte de su trabajo como funcionario federal.
La estrategia de Meadows se centra en trasladar los cargos a un tribunal federal, donde podría tener mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, los fiscales de Arizona sostienen que sus acciones no se encontraban dentro del ámbito de su función oficial en la Casa Blanca y que no cumplió con el plazo para solicitar el traslado del caso.
El caso de Arizona es parte de una investigación más amplia sobre los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump fue derrotado por Joe Biden. El fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha destacado que Meadows trabajó en conjunto con otros miembros de la campaña de Trump para presentar nombres de electores falsos, con el objetivo de mantener a Trump en la presidencia a pesar de su derrota.
El caso también ha involucrado a otros personajes importantes, como Rudy Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Trump, quien también fue acusado en Arizona. La abogada de campaña de Trump, Jenna Ellis, firmó un acuerdo de cooperación con los fiscales, lo que llevó a la desestimación de los cargos en su contra.
La audiencia en la que se discutirá la solicitud de traslado de Meadows a un tribunal federal, está programada para este jueves. La decisión del juez tendrá un impacto importante en el desarrollo del caso y podría determinar el futuro de Meadows en este complejo escenario legal.
Las implicaciones de este caso van más allá de la figura de Meadows, pues representan un punto de inflexión en la investigación de la intervención de Trump en las elecciones de 2020. El desenlace de la batalla legal entre Meadows y los fiscales de Arizona podría arrojar luz sobre la legitimidad de las elecciones y las posibles consecuencias para aquellos involucrados en los intentos de anular los resultados.
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