Un cambio drástico en las políticas migratorias podría tener un efecto dominó en varios sectores, generando consecuencias inesperadas en la vida diaria de millones de mexicanos. En los últimos días de su mandato, el presidente Biden tomó una decisión trascendental que impacta a cerca de un millón de inmigrantes. Se trata de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgando al menos 18 meses adicionales de estadía legal en Estados Unidos para personas provenientes de El Salvador, Sudán, Ucrania y Venezuela. Esta medida, considerada por algunos como un acto humanitario de último minuto, genera incertidumbre ante la inminente llegada de la administración Trump.
Según el analista político Barrett Marson, “El presidente Biden está haciendo lo que puede para proteger a algunos grupos, grupos que tienen solicitudes de asilo muy legítimas”. Marson descarta, por el momento, la posibilidad de “deportaciones masivas a partir del 21 de enero”. Aunque los presidentes entrantes tienen la potestad de revocar el TPS, nunca antes se ha hecho. La administración Trump intentó recortar el programa en el pasado, enfrentando críticas de republicanos que consideran que las protecciones se extienden demasiado.
La extensión del TPS, sin embargo, no está exenta de polémica. Marson señala que la inmigración fue un tema donde los demócratas quedaron cortos en las encuestas, con muchos votantes deseando leyes más estrictas. “Creo que es algo que mucha gente no ha tenido en cuenta. Obviamente, en Arizona lo sabemos muy bien. Muchas granjas dependen de la mano de obra inmigrante para recoger los cultivos”, afirma el analista.
Las posibles consecuencias de un cambio drástico en las políticas migratorias bajo la administración Trump son considerables. Marson advierte sobre la posibilidad de “aumentos en los precios de los alimentos en las tiendas y en los restaurantes, y tal vez un aumento de los precios en los hoteles, porque tienen que conseguir un mercado laboral diferente”. Un cambio en la dinámica laboral, podría impactar directamente en la economía mexicana, generando un escenario complejo que afectaría el bolsillo de los ciudadanos.
Cabe destacar que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la facultad de revocar el TPS, pero está obligado a notificar con 60 días de anticipación cualquier decisión al respecto. La situación mantiene en vilo a millones de inmigrantes y abre un debate sobre el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos y sus repercusiones globales.