El protagonista de este despliegue de fuerza, aparentemente desproporcionado, es Alfonso García Vega, un hombre de 61 años. La familia se vio sorprendida por la llegada de agentes del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Según reportes del medio local AZ Central, el operativo incluyó el uso de una granada aturdidora, un detalle que ha generado gran controversia.
El hijo de Alfonso, Marco García, expresó su indignación a AZ Central: “Fue como un espectáculo para ellos”, declaró, aludiendo a la forma en que las autoridades llevaron a cabo la detención de su padre. Marco cuestionó la necesidad de tal despliegue, especialmente considerando el delicado estado de salud de su padre. Describió la situación como una “intimidación” dirigida no solo a su familia, sino a la comunidad entera.
La narrativa de Marco contrasta con la información ofrecida por un documento presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el mismo 2 de febrero. Este documento, según AZ Central, indica que García Vega había sido deportado previamente el 11 de septiembre de 2020, tras una condena penal por un delito grave, tras reingresar al país luego de una deportación anterior. La condena incluyó 24 meses de prisión y 36 meses de libertad condicional.
El uso de un vehículo blindado con ariete y una granada aturdidora plantea interrogantes sobre los protocolos de actuación del ICE. El operativo ha sido criticado ampliamente por el uso excesivo de la fuerza. Se cuestiona la necesidad de tal despliegue en el arresto de un hombre de 61 años, elevando la discusión sobre las políticas migratorias actuales y sus implicaciones.
Daniel Ortega, abogado de inmigración, aclara la importancia de una orden judicial firmada antes de cualquier arresto. Por su parte, el cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas, afirma que se debe investigar a fondo el caso para determinar si se violaron los derechos de García Vega. La situación permanece en desarrollo, mientras la familia busca apoyo legal.
El incidente deja al descubierto tensiones latentes en la comunidad inmigrante, reforzando el debate sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.