Fiscal general de Arizona se una a la demanda contra el gobierno de Trump
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Nicol Matuz ScottSu nombre, ligado a innovaciones tecnológicas, ahora se encuentra inmerso en una disputa legal de gran envergadura. No se trata de un conflicto empresarial, sino de una batalla constitucional que involucra a la presidencia de Donald Trump y la participación de catorce fiscales generales estatales.
Entre esas figuras se encuentra la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, quien se ha unido a la demanda. La acción legal, presentada por fiscales demócratas de estados como Nuevo México, Michigan, California, Connecticut, Hawai, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Washington y Vermont, cuestiona directamente al gobierno de Trump.
El meollo del asunto es la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad encabezada por Elon Musk, a quien el Presidente Trump ha delegado un poder considerable. La demanda argumenta que esta delegación de poder, que otorga a Musk "poderes absolutos sobre todo el gobierno federal", viola la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos al no requerir la aprobación del Congreso.
“Los fundadores de este país estarían indignados de que, 250 años después de que nuestra nación derrocara a un rey, el pueblo de este país —muchos de los cuales han luchado y muerto para proteger nuestras libertades— ahora esté sujeto a los caprichos de un solo multimillonario no electo”, afirmó Mayes en un comunicado. La demanda destaca la preocupación por el acceso de Musk a información sensible y las disrupciones causadas a gobiernos estatales, locales y empleados federales. Se argumenta que la autoridad otorgada a Musk es "sin precedentes" y "antitética a toda la estructura constitucional de la nación."
Las implicaciones son significativas. Se alega que las acciones de Musk podrían afectar miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la aplicación de la ley, la atención médica y la educación. Además, se han expresado preocupaciones sobre los riesgos para la seguridad y los posibles retrasos en los pagos de programas como la Seguridad Social y Medicare debido a la implicación de DOGE con el sistema de pagos del gobierno federal.
La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y el impacto de la tecnología en la política. El desarrollo de este caso legal promete un seguimiento intenso, con consecuencias que podrían redefinir la relación entre la presidencia, el congreso y el poder privado en Estados Unidos.
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