Arizona mantiene la ciudadanía para hijos de inmigrantes pese a orden de Trump
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Nicol Matuz ScottEl Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado al gobierno de Donald Trump a comenzar a revocar el derecho constitucional a la ciudadanía para cientos de miles de niños nacidos en el país de padres no ciudadanos, a partir del próximo mes. Sin embargo, en Arizona, los bebés nacidos de inmigrantes seguirán protegidos por la Constitución, al menos por ahora, gracias a la participación del estado en una demanda colectiva que impugna la orden ejecutiva. Organizaciones defensoras de los derechos migratorios trabajan para extender y hacer permanente esta protección a nivel nacional.
La orden ejecutiva, emitida por Trump en febrero de 2025, prohíbe la concesión de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean residentes legales permanentes. En respuesta, Arizona y otros 21 estados liderados por demócratas presentaron demandas en tribunales federales, obteniendo inicialmente una suspensión judicial que bloqueaba la implementación de la medida en todo el país. Sin embargo, la Corte Suprema redujo recientemente la suspensión nacional a solo los estados que formaban parte de las demandas, manteniendo vigente la protección en Arizona mientras continúa el proceso legal.
Ante la eliminación de la suspensión nacional, grupos proinmigrantes han impulsado una demanda colectiva para proteger a todos los niños afectados en cualquier estado, incluyendo a sus padres. Este tipo de demanda, si es certificada por un juez federal, puede lograr efectos similares a una suspensión nacional, extendiendo la protección mientras se resuelve el caso. Por ahora, abogados y activistas insisten en evitar que la orden ejecutiva entre en vigor y perjudique a los recién nacidos a partir del 19 de febrero de 2025, fecha límite establecida en la norma.
Mientras la batalla legal sigue en curso, familias como la de Liza, una madre con visa estudiantil, y Juana, una mujer embarazada de Colombia, expresan su temor e incertidumbre sobre el futuro de la ciudadanía de sus hijos. Ellas y miles de familias están en una situación de limbo jurídico, dependiendo de que los tribunales continúen protegiendo sus derechos en un contexto de cambios legales y políticas migratorias restrictivas. La controversia pone en evidencia el debate nacional sobre la interpretación del derecho a la ciudadanía y la protección de los niños nacidos en suelo estadounidense.
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