Violencia en Sun Tran: cifras y percepciones dividen a Tucson, Arizona

Desde abril, más de media docena de incidentes violentos —algunos con machetes incluidos— han sacudido a los usuarios del Sun Tran, el sistema de transporte público de la ciudad. Lo que comenzó como una crítica partidista (con republicanos tachando a las rutas como “autobuses del crimen gratis”) se ha convertido en un problema real que exige acción. Pero aquí está el detalle que pocos mencionan: las estadísticas no cuadran con el pánico.

Mientras en Scottsdale se registraron 110 agresiones en 2023 para una población de 250 mil, el Sun Tran reportó 28 incidentes en un sistema que mueve más de un millón de pasajeros mensuales. Un dato clave: el 69% de los usuarios encuestados afirmó sentirse seguro. Entonces, ¿por qué el revuelo? “Cuando aparecen armas poco convencionales, la percepción cambia. La gente teme lo desconocido”, explica un analista de seguridad urbana.

• Droga y vagancia lideran los reportes, pero son los ataques con machetes los que acaparan titulares.
• La alcaldesa Regina Romero presiona por medidas, aunque algunos cuestionan si es una reacción exagerada.
• Demócratas locales, entre la espada y la pared: actuar podría alienar a su base; no hacerlo, ceder terreno a narrativas conservadoras.

El tema no es nuevo para el Concejo Municipal. En septiembre, la concejal Nikki Lee ya había puesto sobre la mesa el espinoso asunto del consumo público de drogas, arriesgándose al rechazo de sus propios simpatizantes. “Si no actuamos nosotros, lo harán Phoenix o peor: la gente votará por quien prometa mano dura”, advirtió durante aquella sesión.

Mientras tanto, en Marana, otro tipo de negociaciones ocupan la agenda: descuentos fiscales para un desarrollador comercial cerca de la I-10. El acuerdo, aún en negociación, incluiría exenciones del 75% en impuestos de construcción y 45% en ventas minoristas. Críticos señalan que estos beneficios contrastan con la urgencia social en Tucson: “Mientras unos reciben rebajas, otros piden seguridad”, comenta un activista local.

En Pima County, la junta de supervisores se apresta a validar los resultados de la elección especial por el escaño de Raúl Grijalva, mientras que en South Tucson, el pleno discutirá —en una audiencia pública— la renovación de la licencia de venta de alcohol para el icónico El Torero, un restaurante que ha servido margaritas desde los años 60.

Pero el movimiento más simbólico podría darse con la aprobación del contrato de Roi Lusk como nuevo abogado municipal. Con un salario de 250 mil dólares anuales (menos que lo que ganaría en un bufete privado), Lusk enfrentará casos como el del Downtown Depot Plaza, un proyecto estancado 16 años por disputas legales. La ciudad pagará 65 mil dólares en modificaciones y hasta un millón en reembolsos fiscales para reactivarlo.

Entre tax breaks y machetes, una pregunta flota en el aire: ¿Pueden los líderes locales equilibrar desarrollo con seguridad sin caer en la polarización? Por ahora, las respuestas están en manos de quienes firman los documentos, pero las calles —y los autobuses— siguen hablando.

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