Un reciente estudio del Banco Mundial, "Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes (2024)", pinta un panorama preocupante. El número de ciberdelincuentes en México ha crecido un 25% anual durante la última década, superando incluso la media global del 21%. Este crecimiento exponencial, según el análisis, se debe a una brecha significativa en la inversión en ciberseguridad.
Camilo Gutiérrez Amaya, jefe de Investigación para ESET Latinoamérica, lo explica: “En Latinoamérica, la aceleración en el crecimiento de ciberincidentes es preocupante. La menor inversión en ciberseguridad y la carencia de regulaciones, frente al aumento de la digitalización y los dispositivos IoT, crean una vulnerabilidad considerable.”
El estudio detalla los sectores más afectados: las entidades gubernamentales (35% de los incidentes) y el sector salud, blanco predilecto de ataques de ransomware. La proliferación de dispositivos IoT (145% de aumento en 10 años), el crecimiento del e-commerce (280% de aumento) y la adopción de herramientas digitales gubernamentales han exacerbado la situación.
Un dato interesante: mientras las motivaciones financieras dominan el cibercrimen global (73.9%), en países en desarrollo como México, estas representan solo un 4%. El impacto económico es considerable. “Un incidente disruptivo en sistemas gubernamentales clave puede representar hasta el 2.4% del PIB”, señala Gutiérrez Amaya. El informe estima que una reducción del 75% en incidentes podría impulsar el PIB hasta en un 1.5%.
La disparidad en inversión en ciberseguridad entre México y los países desarrollados (hasta un 30% menor) es un factor clave a considerar. El panorama requiere una estrategia integral para mitigar los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades de la era digital.