ICE presiona a arrendadores para obtener datos confidenciales de inquilinos

El abogado especializado en bienes raíces Eric Teusink, con base en Atlanta, confirmó que varios de sus clientes recibieron citaciones de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) exigiendo expedientes completos de inquilinos. "No son órdenes judiciales, pero el lenguaje utilizado sugiere consecuencias legales si no se cumplen", advirtió. Entre los datos requeridos figuran historial laboral, estado civil y hasta relaciones familiares, información que normalmente queda bajo resguardo privado.

Lo que más preocupa a defensores de derechos civiles:

• Las citaciones no están firmadas por un juez, solo por agentes de la unidad antifraude de USCIS.
• Podrían violar el Fair Housing Act, que prohíbe discriminación por origen nacional.
• Los arrendatarios afectados no son notificados cuando sus datos son compartidos.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la portavoz Tricia McLaughlin evitó confirmar si existe una directiva generalizada, pero defendió el uso de estos mecanismos: "Las citaciones administrativas de ICE tienen peso legal. Quienes las ignoren enfrentarán repercusiones". Sin embargo, abogados consultados señalan que, sin firma judicial, el cumplimiento sigue siendo voluntario.

Propietarios en California y Massachusetts reportan llamadas ambiguas de supuestos agentes pidiendo detalles sobre inquilinos. Anthony Luna, director de una firma administradora en Los Ángeles, cuestiona el método: "Si buscan criminales, ¿por qué no revisan expedientes penales en lugar de archivos de renta?". Mientras, en Boston, la abogada Jordana Roubicek instruyó a un cliente a no responder a un mensaje de voz de ICE por considerarlo irregular.

Expertos como Lindsay Nash, profesora de derecho en Yeshiva University, explican que aunque ICE puede forzar el cumplimiento mediante demanda federal, el proceso rara vez llega a ese punto: "La gente obedece por miedo, aunque las solicitudes excedan lo permitido". Históricamente, estas citaciones se usaban más con policías locales que con arrendadores.

Mientras organizaciones civiles refuerzan campañas sobre derechos ante redadas, el clima de incertidumbre crece entre comunidades migrantes. Algunos propietarios ya actualizan cláusulas de privacidad en contratos, mientras otros esperan directrices claras de asociaciones inmobiliarias. Lo cierto es que, sin órdenes judiciales explícitas, el dilema ético y legal sigue sobre la mesa.

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