Ahora, en el centro de la atención se encuentran Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González. Un conflicto legal, surgido a raíz de la disolución de su matrimonio tras casi tres décadas, ha acaparado los titulares. La disputa se centra en el control de dos importantes corporaciones: El Cartel Records y Los Cangris Inc.
La situación se tornó tensa luego de que, a mediados de diciembre pasado, se reportaran transferencias por la asombrosa suma de 100 millones de dólares desde las cuentas corporativas a cuentas personales de Mireddys González y su hermana Ayeicha, sin el conocimiento ni la autorización del cantante. Este movimiento financiero, realizado después del anuncio de la separación, encendió las alarmas.
En respuesta a esta situación, Daddy Yankee no solo tomó medidas legales, sino que también contrató a la prestigiosa empresa de seguridad bancaria CCG Consultants LLC, dirigida por el exjefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases Gallardo, para ordenar sus asuntos financieros. Una medida que demuestra la gravedad del asunto y la determinación del artista de recuperar el control.
Recientemente, sin embargo, se ha dado un giro significativo en el caso. A través de sus abogados, Roberto Alonso y Mariel Colón, Mireddys González ha presentado al Tribunal de San Juan una moción donde declara que ha entregado toda la documentación solicitada, incluyendo una “carta gerencial” enviada electrónicamente a los representantes legales de Daddy Yankee. Esta documentación comprende información detallada sobre el estado de El Cartel Records y Los Cangris Inc., incluyendo contratos relacionados con giras y otros asuntos empresariales.
Según el documento, González argumenta que ha cumplido con todas sus obligaciones bajo los acuerdos previamente establecidos, y considera “innecesaria” la comparecencia de las partes programada para este mes de febrero. La entrega de estos documentos podría significar el fin del largo pleito legal.
El desenlace de este complejo conflicto empresarial y personal queda ahora en manos del Tribunal de San Juan. Los detalles específicos de la documentación presentada y su impacto en el proceso judicial aún están por verse.