México cede sus bosques y selvas

México, DF.

El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional.
México cuenta con, al menos, 33.8 millones de dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas piloto en cinco estados de la República.
Los recursos, provenientes de dos fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario, comprometen al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida como Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello, consolida el acceso al financiamiento internacional y su participación activa en el mercado de bonos de carbono.
El gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde 2010 en el documento rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
El último borrador que aún se discute, fechado en noviembre de 2012,  pretende ser llevado a consulta pública en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta 2020 sobre la totalidad de las áreas forestales mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
Los recursos son utilizados para el diseño de la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.
Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.
Redd+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.
La deforestación, degradación o quema del bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano (CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se considera el conjunto del carbono almacenado en la madera muerta, la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
 
 México con potencial en Redd+
 En el documento que se prepara, la Conafor califica a México como un país con potencial dentro del programa Redd+. De la superficie total del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70 por ciento está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas) y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura, ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento).
 Aunque Sergio Graff, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que no existe una evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema ligado a la deforestación y a la degradación está relacionado con las actividades agropecuarias en el medio rural”.
 Los bosques y selvas mexicanas se encuentran entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en la biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022 México sea un sumidero neto.
 Además, con este mecanismo, las autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas oportunidades.
 Para Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida ya estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese bosque; ¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones en un área que se supone ya está conservada?”.
 —¿No basta con que ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
 —Aunque tengan un decreto están sujetas a presiones de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia también coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles con la conservación.
 Según el Convenio de Diversidad Biológica, alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones presentes y futuras y protegiendo los sumideros actuales.
 
Territorios indígenas
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México (Ceccam).
 Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
 Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y estatales del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2 millones de hectáreas.
 Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.

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