Exigen se aclare participación de militares en ataque a normalistas

México, DF.

Diputados federales exigieron la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, para que aclaren la participación de militares y de elementos de la Policía Federal (PF) en el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, como reveló el semanario Proceso en el número que está en circulación (1989).
Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y José Luis Muñoz, ambos del PRD, entregaron a la presidencia y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la petición, en la que también demandan la comparecencia del titular de la PF, Enrique Galindo Ceballos.
Los legisladores también solicitaron que se haga pública toda la información sobre los hechos registrados el 26 de septiembre pasado, con “el fin de aclarar verdadera y puntualmente a la población mexicana lo acontecido y las investigaciones realizadas en torno a tales hechos”.
Alavez Ruiz y Muñoz Soria dijeron que la información revelada por la revista Proceso “pone en entredicho la versión oficial” que dio el procurador Murillo Karam, en el sentido de que fueron policías municipales de Iguala y Cocula los que atacaron y entregaron a los 43 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos integrantes se encargaron presuntamente de asesinarlos, quemarlos y triturar sus restos y esparcirlos en el río.
Los diputados detallaron que “a través del reportaje ‘La verdadera noche de Iguala’, de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, y basado en testimonios, audios, videos, informes inéditos y declaraciones judiciales”, el semanario evidencia “que la agresión contra los normalistas fue orquestada y ejecutada por la Policía Federal con la complicidad o franca colaboración de elementos del Ejército Mexicano”.
Los hechos incluso, añadieron, fueron conocidos en tiempo real por el gobierno federal desde que los normalistas salieron de Ayotzinapa hasta la primera agresión, cuando tres de ellos murieron y 43 más desaparecieron, pues eran “monitoreados” por agentes de las administraciones estatal y federal, tal como lo revela un reporte del gobierno de Guerrero fechado en octubre –obtenido por Proceso– y entregado a la Secretaría de Gobernación (Segob) hace más de un mes.

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