La tortura en México, impune y sin registro

México, DF.

En México no existe un registro nacional que refleje la totalidad de casos de tortura y trato cruel que se comenten. Así lo verificó Juan E Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, durante la visita de trabajo que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La estadística oficial existente obra en los registros de la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos –26 de las cuales recibieron para el periodo 2008-2013 un total de 2 mil 323 quejas por tortura y otros malos tratos que derivaron en 392 recomendaciones, según revela Amnistía Internacional México– y las contadas denuncias que se presentan ante las instancias de procuración de justicia dado que, como observó Juan E Méndez, “muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.
De 2006 a 2014, la sociedad civil mexicana ha documentado alrededor de 500 casos de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.
En su informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional México alude a 25 casos de tortura: Claudia Medina; Alejandro Lugo; Jorge González; Wilbert Terán; Bárbara Italia Méndez y otras; José Esqueda y Gustavo Fuentes; Inés Fernández y Valentina Rosendo; Ramón y María Guadalupe Durán y Javier Delgado; Ángel Colón; Israel Arzate; Adrián Vázquez; Luis Ángel Zazueta; Juan Gerardo Sánchez; Germán Heredia; 25 policías municipales de Tijuana; Óscar Valle; Benjamín y Juan Pablo Ortiz; Luis Adrián, Jesús Iván y Juan Antonio Figueroa; Noé Fuentes, Rogelio Amaya, Ricardo Fernández y Gustavo y Víctor Manuel Martínez; Jethro Ramsés Sánchez; Miriam López; Ramiro y Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya; Cristel Piña; Gerardo Torres y otros; y Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Además, en fechas próximas, la organización dará a conocer cinco nuevos casos que acompaña, entre ellos el de Moisés Cordero.
Por su parte, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en voz de Raymundo Díaz Taboada, su coordinador estatal en Acapulco, refiere que, en los 10 años que tienen de existencia, han acompañado 416 casos de tortura y trato cruel inhumano y degradante. Detalla que en 282 de ellos las víctimas son mujeres.
En entrevista con Contralínea, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincide, pese a la postura oficial, en que la tortura en el país es práctica generalizada. Esto porque, como explica, se da a lo “largo y ancho del territorio nacional”, es decir, no hay una sola entidad de la República exenta de estos casos. Además, porque no hay corporación policial, judicial o cualquier otra fuerza encargada de hacer cumplir la ley, que no haya sido señalada como responsable de esta práctica.
Respecto de si, en el contexto mexicano, es posible o no definir a la tortura como una violación grave a los derechos humanos, el defensor explica que aunque ésta consta entre los delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que pueda considerarse como violación grave debe cumplir con dos requisitos técnicos: ser generalizada y sistemática.
En ese sentido, acota, “desde Amnistía Internacional decimos que hay una práctica generalizada y tolerada por el Estado mexicano, pero no tenemos la evidencia suficiente para comprobar una práctica sistemática”.
Para Díaz Taboada, la tortura en México resulta, igualmente, generalizada, dado que “se da en toda la geografía del país”. Se trata, asimismo, de un mal endémico en el sentido de que se encuentra profundamente arraigado al actuar de los servidores públicos, quienes no sólo son verdugos sino, en algunos casos, víctimas también de tortura con el objeto de deshumanizarlos.
La tortura, asegura el coordinador estatal del CCTI, cumple también con características de sistematicidad, ya que, por ejemplo, sus víctimas predilectas cumplen con determinado perfil, en el que destaca –como también lo señaló el relator de la ONU– la condición de pobreza o de sector social marginado; además de que la forma de proceder en los casos de tortura parece responder a un patrón específico.
En México la tortura se tolera, permite, fomenta y, para rematar, se mantiene en la impunidad, asevera Díaz Taboada. Su dicho cobra sentido a la luz de la estadística oficial –revelada en el Informe del relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E Méndez, documento fechado el 29 de diciembre de 2014–, según la cual, sólo se dictaron cinco sentencias condenatorias por tortura entre 2005 y 2013.
Asimismo, se observa que es mínimo el número de recomendaciones que la CNDH emite respecto de las quejas por tortura y malos tratos que recibe. Por ejemplo, frente a las 8 mil 746 quejas que en la materia registró entre 2005 y 2013, el organismo autónomo tan sólo determinó 223 recomendaciones.

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