El Diario de SonoraCDMX
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo embargó 22 propiedades de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, preso en una cárcel federal en Morelos.
El embargo fue ordenado por juzgados de control y tribunales de juicio oral penal de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
El Registro Público de la Propiedad notificó el pasado 3 de abril que los 22 inmuebles, de los cuales 20 están en Cozumel, uno en Playa del Carmen y otro en Cancún, fueron embargados en acato al mandamiento judicial.
“Es de hace referencia al hecho de que sobre el bien inmueble identificado con el folio electrónico 88749, fue inscrita una compraventa con reserva de dominio según escritura pública número 98,024 de fecha 4 de octubre de 2017, pasada ante la fe del Notario Público número 30 del estado, a favor de The Elements Condos Asociación Civil; sin embargo, dada la reserva del dominio a favor de Rosa Yolanda Angulo Castilla, se procedió al embargo, requerido”, indica el oficio firmado por Carlos Humberto Pereira Vázquez, director general del Registro Público.
En enero pasado, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso al ex gobernador de Quintana Roo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en calidad de coautor y determinó que deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso.
Durante la audiencia, el juez ordenó que Borge fuera atendido por una “profunda depresión y ansiedad”, así como de problemas renales que argumentó su abogado.
Durante 14 horas que duró la audiencia, los fiscales de la PGR ofrecieron 89 datos de prueba y lo acusaron de ocasionar un quebranto al erario público de más de 900 millones de pesos, mediante la enajenación de 22 terrenos que se vendieron a un precio hasta 80 por ciento menor a su valor real comercial a familiares y personas de confianza.
Una de las personas beneficiadas con la venta de un predio fue su madre, quien recibió un ganancia inmediata de 44 millones de pesos.
La PGR señaló que el ex gobernador actuó con “plena consciencia” del carácter antijurídico de enajenaciones que permitió entre 2011 y 2016, “tuvo una conducta reprochable que pudo evitar y no lo hizo (...) no hay ninguna causa de inculpabilidad a su favor”, señalaron los fiscales.
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