Sugiere ONU a México ‘retirar’ a Fuerzas Armadas de seguridad pública
La propuesta del Comité contra las Desapariciones Forzadas forma parte de recomendaciones para hacer frente a la desaparición forzada; Sedena y GN, con más menciones de violaciones a DH en 2021, indicó
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Recuerda que en los últimos 14 años se han emitido 162 recomendaciones de la CNDH a las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, 15 de ellas con relación a desaparición forzada.
En el documento de 30 páginas que se entregó a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señala que como ha sido ampliamente denunciado en el ámbito nacional e internacional”, el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 y más recientemente en 2019, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos”.
Refiere que pese a que, en el Decreto del 26 marzo de 2019, que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, se observa que la mayoría de sus elementos cuentan con instrucción militar: de sus 101 mil 182 elementos, el 58 por ciento provienen de Sedena, 26 por ciento de la ex Policía Federal y 16 por ciento de la Secretaría de Marina (Semar).
A esto se suma el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública. Además, la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019, permiten la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.
En 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las 10 autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Secretaría de Marina se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite.
La permanente participación de la Fuerza Armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”.
En vista de lo anterior, el Comité instó al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública.
La política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución. Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”, subraya la recomendación.
El Comité expresó su agradecimiento por la cooperación y facilidades brindadas por México antes y durante la visita que realizó entre el 15 y 26 de noviembre del año pasado.
De acuerdo con el reglamento, el Comité le otorga a México un plazo de 4 meses para presentar las observaciones que considere oportunas sobre el presente informe y dará seguimiento a la implementación de sus recomendaciones en coordinación y cooperación con el Estado parte y los diversos actores implicados.