Buscan que ataques con ácido a mujeres se investigue bajo criterio legal de feminicidio
Piden castigar a funcionarios que entorpezcan acceso de justicia a víctimas con una pena de 3 a 8 años de prisión e inhabilitarlos en cargos públicos.
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El diario de Sonora
el 12/08/2022 12:00 AM, Sección General
Última edición 02/05/2024 09:41 AM.
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Diputadas federales del PRI impulsan que los ataques de ácido hacia mujeres sean castigados por intento de feminicidio.
La iniciativa en conjunto de las legisladoras del PRI, Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos, Melissa Vargas y Jaqueline Hinojosa señala que las investigaciones por ataques de ácido se persiguen como delito homicida, el cual minimiza el odio que los atacantes dirigen a las mujeres.
Las parlamentarias argumentaron que los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, se pueden equiparar en menor medida a un feminicidio en grado de tentativa, tanto por la motivación, los bienes jurídicos afectados, la publicidad de los hechos y la evidente misoginia que está de fondo en este tipo de violencia extrema.
La iniciativa plantea una reforma al Artículo 325 del Código Penal Federal en materia de violencia ácida y feminicidio, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del feminicidio, diferente a la del homicidio, al involucrarse la misoginia y el odio hacia las víctimas.
Las diputadas explican en la iniciativa que el uso de sustancias corrosivas y abrasivas, tienen la clara intención de infligir una violencia extrema a través del sufrimiento, que puede tener como consecuencia la vida, pero que también afectan otros bienes jurídicos considerados dentro del delito de feminicidio, como lo son la dignidad, la integridad corporal y el derecho a una vida libre de violencia.
La iniciativa también pretende proteger a la persona que sufrieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, donde se hayan utilizado sustancias corrosivas, abrasivas o cualquier otra que provoque una lesión visible y permanente en el cuerpo de la víctima.
Además de sancionar al servidor público que retarde o entorpezca la procuración de justicia, que nieguen o dilaten sin justificación el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de feminicidio que lo hayan solicitado. Como sanción, se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y se les inhabilitará de tres a diez años para desempeñar otro cargo público.
Las priistas señalaron con base en la clasificación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que los ataques con ácido son agresiones con una altísima carga simbólica, puesto que pretenden dejar una marca permanente y destruir la vida de la mujer a través de una forma de violencia extrema.
La iniciativa en conjunto de las legisladoras del PRI, Montserrat Arcos, Ana Lilia Herrera, Adriana Campos, Melissa Vargas y Jaqueline Hinojosa señala que las investigaciones por ataques de ácido se persiguen como delito homicida, el cual minimiza el odio que los atacantes dirigen a las mujeres.
Las parlamentarias argumentaron que los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas, se pueden equiparar en menor medida a un feminicidio en grado de tentativa, tanto por la motivación, los bienes jurídicos afectados, la publicidad de los hechos y la evidente misoginia que está de fondo en este tipo de violencia extrema.
La iniciativa plantea una reforma al Artículo 325 del Código Penal Federal en materia de violencia ácida y feminicidio, tomando en cuenta la naturaleza jurídica del feminicidio, diferente a la del homicidio, al involucrarse la misoginia y el odio hacia las víctimas.
Las diputadas explican en la iniciativa que el uso de sustancias corrosivas y abrasivas, tienen la clara intención de infligir una violencia extrema a través del sufrimiento, que puede tener como consecuencia la vida, pero que también afectan otros bienes jurídicos considerados dentro del delito de feminicidio, como lo son la dignidad, la integridad corporal y el derecho a una vida libre de violencia.
La iniciativa también pretende proteger a la persona que sufrieron lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, donde se hayan utilizado sustancias corrosivas, abrasivas o cualquier otra que provoque una lesión visible y permanente en el cuerpo de la víctima.
Además de sancionar al servidor público que retarde o entorpezca la procuración de justicia, que nieguen o dilaten sin justificación el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de feminicidio que lo hayan solicitado. Como sanción, se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y se les inhabilitará de tres a diez años para desempeñar otro cargo público.
Las priistas señalaron con base en la clasificación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que los ataques con ácido son agresiones con una altísima carga simbólica, puesto que pretenden dejar una marca permanente y destruir la vida de la mujer a través de una forma de violencia extrema.
