ROMA
Desde el domingo pasado, 120 mineros italianos protestan contra la decisión de cerrar la mina de carbón de Sulcis, adoptada por las autoridades de la isla de Cerdeña, y amenazan con hacerla volar con 350 kilos de explosivos si su petición es ignorada.
La exasperación de los mineros es tal que este miércoles, durante una rueda de prensa que fue convocada por los manifestantes, uno de sus líderes se cortó las venas delante de las cámaras de la televisión. “Si alguien ha decidido matar de hambre a las familias de los mineros, no hay problema”, dijo un agitado Stefano Meletti, para inmediatamente después cortarse las venas del pulso gritando: “Esto es lo único que podemos hacer, cortarnos las venas”.
La protesta comenzó cuando los mineros se enteraron de que el gobierno italiano y el de la isla juzgan insostenible el proyecto de reconversión de la mina —que requiere una inversión de 250 millones de euros al año por ocho años consecutivos—, aunque dejaron bien claro que ningún minero sería dejado a su suerte.
Pese a la promesa del gobierno, los mineros decidieron seguir adelante con su protesta, argumentando que “en estos últimos diez años hemos perdido siete mil puestos de trabajo y no estamos dispuestos a perder uno más”, según dijo uno de sus líderes durante la rueda de prensa.
La Carbosulcis de Naruxi Figus, en la cual trabajan al menos 500 técnicos especializados, es una de las últimas minas de carbón fósil activa en Europa. Su problema, como recordó uno de los mineros, es que el carbón que extraen, debido a su alto grado de contaminantes, muy a menudo “nadie lo compra, poniendo así en crisis a todo el sistema de producción”.
Detrás de este problema está la región de Cerdeña, propietaria de la mina, la cual, vistos los altos costos que representa producir carbón no contaminante, nunca ha hecho nada para materializar el proyecto que debía resolver esta delicada cuestión. “El carbón que produce la Carbosulcis está lleno de elementos contaminantes y esto lo hace poco atractivo tanto para el mercado interno como para el internacional”, aseguran los expertos.
A pesar de la ocupación de la mina y de las amenazas de hacerla explotar, la única posibilidad que tienen los mineros para obtener una respuesta satisfactoria a su petición es la reunión convocada en el Ministerio del Desarrollo Económico, en la cual no sólo se hablará de la Carbosulcis, sino de las mil 770 empresas de la región que en el primer semestre de este año solicitaron el estado de crisis, con el fin de obtener ayudas estatales, y de las 13 mil personas que por esta razón perdieron sus puestos de trabajo.
La mina cuesta a los contribuyentes 250 millones cada año y este dinero termina en los recibos de electricidad de los italianos, “cosa que no es justa”, explicó el subsecretario de Desarrollo Económico, Claudio De Vincenti, quien sin embargo ve la posibilidad de una solución al problema.
“Para cerrar la mina no existe el plazo perentorio al 31 diciembre. Si la región (accionista al 100% de la Carbosulcis) quiere proceder en esta dirección, lo debe decir claramente y veremos lo que se puede hacer”, dijo.