Gobernadora de Arizona pide continuar con ley SB1070

Phoenix, Az

Considera que no hay nada impropio en que el estado establezca sus propias leyes.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, pidió a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos levantar una medida cautelar que mantiene suspendida una previsión de la ley SB1070, que califica como delito transportar y albergar indocumentados.
Fuentes judiciales señalaron que los documentos legales interpuestos la víspera en nombre de la gobernadora ante la Suprema Corte, sostienen que no hay nada impropio en que el estado de Arizona establezca sus propias leyes destinadas a controlar la migración.
El director del Departamento Jurídico de la Oficina de la Gobernadora, John Bouma, explicó en los documentos que el hecho de que existan leyes federales que penalizan la misma conducta no reemplaza la acción del Estado.
Bouma argumentó en la petición que la orden judicial emitida para bloquear la aplicación de esta previsión de la ley, mientras se discute su legalidad, es inadecuada ya que no se ha demostrado que exista riesgo de daño inminente.
La previsión establece que es ilegal que alguien de manera consciente transporte, oculte, albergue y proteja a una persona que se encuentra en forma indocumentada en el país y considera además como delito el que se aliente o induzca a un extranjero a ingresar a Arizona en forma ilegal.
La previsión forma parte de la controversial ley antiinmigrante SB1070, un paquete más amplio de medidas destinadas a dar a la policía más poder para interrogar y detener a sospechosos de estar en el país en forma indocumentada.
Varias disposiciones de la SB1070 ya han sido anuladas por las cortes, incluyendo tres desechadas por la propia Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que las consideró superadas por la ley federal.
En los documentos interpuestos, Bouma reconoció que ya existen leyes federales contra el albergue o transporte de indocumentados. Sin embargo, aseguró que esto no bloquea el hecho de que Arizona pueda contar con su propia ley paralela.
“Los Estados tienen, el inherente y pleno poder de la policía y no dependen de una invitación del Congreso para promulgar leyes destinadas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”, escribió el director jurídico de Arizona.
De hecho, argumentó Bouma, el Congreso “expresamente invitó” a los estados a la aplicación local de la ley en las violaciones de la legislación federal.

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