CARACAS, VEN
Los estudiantes buscarán que más gente los apoye en sus manifestaciones pacíficas.
El movimiento estudiantil universitario se mantendrá en la lucha contra la persecución política y la represión y entrará en una nueva etapa para que las masas populares apoyen sus manifestaciones pacíficas, afirmó ayer uno de sus dirigentes.
El consejero estudiantil de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Francisco Márquez, aseguró que el objetivo siguiente es lograr que todos los sectores sociales se unan para que el gobierno abandone la persecución a dirigentes opositores.
“Estamos asumiendo la segunda etapa de la lucha que es sumar a todo el país, a las madres, que están luchando contra la reforma educativa, a los trabajadores que luchan por los derechos laborales, queremos que todo el país se sume a la lucha pacífica”, precisó.
Las protestas lideradas por los estudiantes, que estallaron el 14 de febrero y han dejado saldo de 41 muertos y centenares de heridos y dos mil 461 detenidos, son atribuidas por el presidente Nicolás Maduro a acciones “terroristas” de la oposición.
Márquez manifestó que el gobierno carece de evidencias para acusar al movimiento estudiantil de generar violencia, al tiempo que acusó a Maduro de ser el responsable de la mayoría de las víctimas que han dejado las pacíficas manifestaciones opositoras en todo el país.
Tribunal limita manifestaciones
La justicia determinó que los venezolanos que deseen manifestarse pacíficamente deberán pedir autorización a los gobiernos locales para evitar que las fuerzas del orden los dispersen, en medio de la peor ola de protestas antigubernamentales en más de una década en el país petrolero.
Desde febrero, miles se han lanzado a las calles para protestar contra la gestión de Nicolás Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez, a quien culpan de la altísima inflación, las filas para comprar comida y el hampa desatada.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó, tras una interpretación constitucional, que el derecho a la protesta “no es absoluto y, por ende, admite restricciones”.
El órgano dijo que las personas deben “agotar el procedimiento administrativo de autorización”, o de lo contrario, se exponen a que los cuerpos policiacos los dispersen para asegurar el derecho al libre tránsito.