Dos inmigrantes indocumentados fueron acusados de homicidio capital por el presunto estrangulamiento de la menor y el abandono de su cuerpo en un arroyo. Este lamentable suceso ha puesto en primer plano la discusión sobre las políticas fronterizas y la seguridad en el país.
La Casa Blanca, expresando sus condolencias a la familia de la pequeña, ha destacado que los responsables de este "atroz crimen" deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Por su parte, la campaña de Biden, a través de su portavoz Lauren Hitt, ha señalado a Donald Trump como culpable de poner en riesgo la seguridad de los estadounidenses al obstaculizar acuerdos fronterizos.
El expresidente Trump, por su parte, ha responsabilizado directamente a las políticas de la administración Biden por la tragedia de Nungaray, calificando el incidente como un "nuevo asesinato de migrantes de Biden" y tachando al actual presidente de "desgracia para América".
Incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha intervenido en el debate, destacando que la niña estaría viva si se hiciera cumplir estrictamente la ley de inmigración en la frontera.
A pesar de las acusaciones y las tensiones políticas, estudios recientes contradicen la narrativa de Trump.
Los niveles generales de delincuencia están disminuyendo en las principales ciudades que han recibido más migrantes de Texas, y investigaciones previas indican que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Este trágico suceso surge en un momento de alta tensión política, con un debate presidencial próximo en el que se espera que la inmigración sea un tema central. Mientras tanto, la familia de Jocelyn Nungaray enfrenta una pérdida irremediable, atrapada en medio de una feroz batalla política sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.