Acuerdo secreto de Trump con El Salvador para deportaciones revela cláusulas polémicas

Los documentos judiciales, revelados este martes, detallan cláusulas que restringen el uso de esos fondos: "No podrán destinarse a asesoría legal para solicitantes de asilo, planificación familiar ni apoyo a la agencia de la ONU para refugiados en Gaza", según el texto filtrado en una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos.

El acuerdo, firmado el 22 de marzo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, estipulaba la recepción de hasta 300 personas, en su mayoría venezolanos acusados —sin pruebas— de pertenecer al Tren de Aragua. Entre los deportados figuraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño expulsado por error y convertido en símbolo de las controversias migratorias durante el mandato de Trump.

Lo más inquietante: el contrato sugería que los deportados permanecerían al menos un año en el Cecot, la megacárcel conocida por denuncias de torturas y hacinamiento. "El Departamento de Estado ignoró deliberadamente los riesgos de confinamiento indefinido", declaró Skye Perryman, directora de Democracy Forward, una de las organizaciones detrás de la demanda.

• Condiciones ocultas: Prohibición expresa de usar fondos en programas de salud reproductiva, diversidad o ayuda a la UNRWA.
• Operación relámpago: Los vuelos se realizaron el 15 de marzo, horas después de que un juez ordenara detener las deportaciones.
• Mecanismo legal: Se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, norma arcaica diseñada para tiempos de guerra.

El gobierno de Bukele aceptó formalmente a los deportados un día antes de su llegada. Mientras tanto, funcionarios como Emil Bove —entonces número tres del Departamento de Justicia— hicieron caso omiso a las órdenes judiciales que buscaban frenar el operativo. Para mayo, un tribunal de apelaciones declaró ilegal el uso de esa ley antigua, pero el daño ya estaba hecho.

Los venezolanos deportados fueron enviados de vuelta a su país en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Sin embargo, el destino de otros grupos enviados a naciones como Sudán del Sur o Uganda sigue siendo un misterio. Los acuerdos con esos países, negociados bajo absoluta opacidad, carecen de supervisión internacional.

Este caso no solo expone la arquitectura paralela de deportaciones impulsada por Trump, sino también cómo se priorizó el secretismo sobre los derechos humanos. Los documentos, obtenidos tras una batalla legal, confirman lo que activistas sospechaban: las deportaciones se diseñaron para evitar escrutinios, no para garantizar justicia.

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