San Diego prohíbe fumar en viviendas multifamiliares: Controversia por la intromisión del gobierno
Carlsbad se convierte en la primera ciudad del condado de San Diego en prohibir fumar en la mayoría de las viviendas multifamiliares, generando polémica por la intromisión del gobierno en la vida privada de sus residentes.
Leonora Lagarda
el 26/08/2024 06:05 AM, Sección Internacional
Última edición 26/08/2024 05:52 AM.
Carlsbad, California, se encuentra en el centro de una controversia por una nueva ley municipal que prohíbe fumar en propiedades multifamiliares. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ha sido recibida con reacciones encontradas. Mientras algunos la aplauden por proteger la salud de los no fumadores, otros la consideran una intromisión del gobierno en la vida privada de los residentes.
La ley, aprobada por el Ayuntamiento de Carlsbad con cuatro votos a favor y uno en contra, abarca una amplia gama de propiedades, incluyendo edificios de apartamentos, condominios, residencias para personas mayores y de vida asistida, centros de atención sanitaria a largo plazo y viviendas unifamiliares autorizadas como centros de atención. La prohibición se extiende a los balcones privados, porches, patios y zonas comunes, con excepción de las áreas designadas para fumadores.
El alcalde de Carlsbad, Keith Blackburn, argumentó que la ley facilitará la aplicación de las políticas antitabaco de los administradores de propiedades, ya que muchos complejos residenciales ya tienen cláusulas de no fumar en sus contratos de alquiler.
Muchos administradores no quieren entrar en una confrontación porque es simplemente una política o está en el contrato de alquiler y el inquilino sabe que no lo van a desalojar por fumar, dijo Blackburn.
Sin embargo, la concejal Melanie Burkholder, la única que votó en contra de la prohibición, la consideró "una extralimitación de la ciudad". "Los propietarios y administradores de inmuebles pueden tomar sus propias decisiones dentro de los límites de un contrato de arrendamiento y no creo que la ciudad deba involucrarse, así que no puedo apoyar esto", dijo.
La ley permite la aplicación privada de la ley, lo que significa que los propietarios y otros inquilinos pueden emprender acciones legales contra los infractores, pero no actuará la Policía. La Ciudad argumentó que "debido a los recursos limitados", el Departamento de Policía de la ciudad y la División de Aplicación de la Ley "no serán responsables de la aplicación de la ley".
