Aunque muchos la han criticado por esta postura, Kamala Harris ha asegurado que su compromiso con la seguridad fronteriza sigue firme.
"Pasé dos mandatos como fiscal general de California persiguiendo a organizaciones criminales trasnacionales que violaban las leyes estadounidenses y facilitaban el paso ilegal de armas, drogas y personas", declaró Harris en una entrevista con CNN.
Su respaldo al plan bipartidista, que incluye una cláusula para el cierre automático de la frontera si el número de indocumentados supera un promedio de 5 mil personas por día, ha sido interpretado como una señal de que la administración Biden está dispuesta a tomar medidas más duras para controlar la inmigración ilegal.
El plan también contempla la asignación de 650 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, una cifra mucho menor a los 18 mil millones solicitados por el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la construcción del muro se enfrenta a numerosos obstáculos. La geografía del terreno, especialmente en las zonas cercanas al río Grande, presenta un desafío considerable. Además, muchas de las áreas sin barreras se encuentran en tierras de propiedad privada, cuyos dueños no están dispuestos a permitir la construcción de un muro en sus terrenos.
Otro problema es la falta de claridad en la titularidad de algunas tierras. A estos desafíos se suma la insuficiencia del presupuesto necesario para completar la construcción del muro, lo que ha frenado aún más el avance del proyecto.