¿Te imaginas las filas interminables en las gasolineras, la incertidumbre y la frustración que esto generaría? Pues algo similar podría ocurrir en Arizona, nuestro vecino del norte, debido a una nueva ley aprobada en California.
Esta ley, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, tiene como objetivo evitar que los precios de la gasolina se disparen en California cuando las refinerías cierren para realizar mantenimiento. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, la ley podría tener consecuencias inesperadas para estados como Arizona, que dependen del suministro de combustible de la costa oeste.
Arizona, al igual que Nevada, se ha pronunciado en contra de la ley, argumentando que podría reducir el suministro de gasolina y elevar los precios en sus estados. El gobernador de Arizona, Katie Hobbs, junto con el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, enviaron una carta a Newsom instándolo a reconsiderar la legislación. "Arizonenses están luchando con el alto costo de vida, no podemos permitirnos otro aumento de precios", declaró la gobernadora Hobbs.
Y es que Arizona no tiene refinerías de petróleo, por lo que la mayoría de la gasolina que se consume en el estado se importa de California o Texas. “Si la ley está en California, ¿por qué está afectando a Arizona?", se pregunta un conductor de Phoenix.
La nueva ley ha generado controversia, con algunos sectores argumentando que podría aumentar los precios generales de la gasolina y poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. "Si fueran serios acerca de la asequibilidad, estarían trabajando con nuestra industria en soluciones reales", dijo Catherine Reheis-Boyd, presidenta de la Asociación Petrolera de los Estados Occidentales.
Mientras tanto, el gobernador Newsom defiende la ley como una medida necesaria para proteger a los consumidores de los aumentos de precios provocados por las refinerías. "El estado tiene las herramientas para asegurarse de que repongan los suministros y planifiquen el mantenimiento con anticipación para que no haya escasez que haga subir los precios".
La ley aún está en sus primeras etapas y es difícil predecir el impacto real que tendrá en Arizona.